Después del impacto causado por el descubrimiento de las prendas y las escenas dramáticas y espeluznantes encontradas, este caso pasó a manos de las fiscalías, tanto la del estado de Jalisco como la General de la República. Las fiscalías han señalado que el predio funcionaba como un centro de reclutamiento forzado y que se adiestraba a las personas secuestradas para que trabajaran para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En este sentido, los colectivos de madres buscadoras aseguran que dichas instalaciones también operaban como un centro de exterminio, pues las víctimas eran ejecutadas y posteriormente sus cuerpos incinerados.
Más allá de la responsabilidad de las autoridades municipales y del gobernador en turno, Enrique Alfaro, también es indudable que hay responsabilidad del expresidente Andrés Manuel López Obrador, por omisión y negligencia, al menos en este trágico caso. Es evidente que la actuación del fiscal general, Alejandro Gertz, quien tiene responsabilidad en el caso, pues a pesar de conocer la carpeta de investigación no atrajo el caso de manera inmediata como debió haberlo hecho, ya que los delitos que se persiguen son del fuero federal, tendrá como principal tarea eximir de cualquier tipo de responsabilidad al hombre que lo puso ahí: López Obrador.
La FGR junto a la FGJ abrieron el rancho Izaguirre para que se conociera lo que había dentro del predio en cuestión. De tal manera que todos los medios de comunicación pudieron entrar de manera indiscriminada al rancho, convirtiendo dicha presentación, que debía cumplir bajo el cuidado y respeto de ciertos requisitos formales para salvaguardar las pruebas in situ y no contaminar las escenas de los delitos, en un verdadero espectáculo humillante y súper revictimizante para las familias de las víctimas. Es posible que haya sido, inclusive, una trampa de la FGR hacia los colectivos de madres buscadoras. En tal sentido, la periodista y coordinadora de “A dónde van los desaparecidos”, Marcela Turati, dice que parecía ser que la FGR tenía la intención de desinstalar la narrativa de los centros de exterminio.
Lo verdaderamente importante no es si lo llaman “campo de exterminio”, campo de reclutamiento, crematorio del horror, sino que ahí se dieron reclutamientos forzados, se adiestró, se torturó y se asesinó, incluyendo la incineración de los cuerpos. En ese lugar hubo personas que se encuentran desaparecidas, y el gobierno federal parece que lo único que le interesa es la cuestión semántica.
La presidenta Claudia Sheinbaum no tiene ninguna forma de legitimar la planeación y las políticas que se apliquen para resolver la crisis humanitaria que vive el país en el tema de las desapariciones, si no se entrevista con todos los colectivos de madres buscadoras y las incluye para escuchar sus voces, sus ideas, sus propuestas, ya que ellas, más que cualquier otra persona o institución, son las que más saben en el intento por encontrar a sus familiares desaparecidos.
Mientras tanto, los colectivos de madres buscadoras son nuevamente humillados e ignorados por la 4T en su búsqueda por la verdad. Las madres buscadoras lo saben: la justicia no vendrá de arriba, como siempre. El rancho Izaguirre se ha convertido en la impunidad, la aquiescencia y la complicidad.
La pregunta del siglo: ¿Por qué el secretario de seguridad anuncia detenidos por el caso del rancho Izaguirre, y el gobierno niega que en ese rancho se hayan cometido delitos? (Noroña dixit)
