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lunes, julio 1, 2024

¿Reforma Judicial o Golpe de Estado?

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El Poder Judicial de la Federación tiene como funciones principales la interpretación y aplicación de la Constitución, protección de los derechos humanos por la vía del juicio de amparo, el trámite de las acciones de inconstitucionalidad, y las controversias constitucionales, efectúa un control de legalidad y por medio del consejo de la judicatura, promueve la capacitación de todo el personal, organiza las funciones judiciales, evalúa a jueces y magistrados, resuelve sus conflictos laborales, y promueve la rendición de cuentas.

La propuesta de reforma judicial que plantea el presidente presenta como argumentos “jurídicos” las siguientes frases: “(es necesario) para limpiar al Poder Judicial de complicidades, conflictos de interés, convivencias inconfesables, corrupción y derroche de recursos”; además agrega que “los impartidores de justicia operan bajo la consigna de beneficio de grupos o de facciones políticas económicas y hasta bajo consigna de intereses delictivos”, es pura demagogia.

El propósito que tiene la reforma judicial propuesta es la de disminuir, mermar la posición independiente y crítica que ha asumido la SCJN frente algunas decisiones tomadas por el Ejecutivo federal y también por el Poder Legislativo que se ha convertido, lamentablemente, en un apéndice de la presidencia de la República. Empero, no solamente la reforma judicial va contra la SCJN, sino va contra todo el PJF para que ya no sea un contrapeso, tan sólo sea un apéndice más.

Pero, ¿qué propone la reforma judicial planteada? Los siguientes son los puntos principales:

  1. La elección de ministros y ministras, magistrados(as) y jueces con la finalidad de que cuenten con “legitimidad” las y los impartidores de justicia.
  2. Reducción de 11 a 9 ministras y ministros; reducción del tiempo en el cargo al pasar de 15 años a 12; desaparecerán las dos Salas de la SCJN y solamente se sesionará en el Pleno.
  3. Desaparecerá el Consejo de la Judicatura Federal y en su lugar se crearán dos instituciones: el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial.
  4. Habrá nuevas reglas procesales. En este rubro se incluye la prohibición para otorgar suspensiones contra leyes con efectos generales en amparos.
  5. En el Tribunal Electoral el tiempo en el cargo también sufrirá una reducción pasando de los 9 años a los 6 años.

Cabe mencionar, como lo destacan los investigadores César Astudillo y Javier Reyes, que esta propuesta de reforma judicial que pretende López Obrador es, en los hechos, una regresión en el proceso democrático de México y, con dicha reforma, se estaría ocasionando un daño mayúsculo al país.

También es menester apuntar que los perfiles elegidos mediante el voto popular no cuenten con los conocimientos especializados, sino que les baste con tener cercanía a algún grupo de poder político.

Podemos decir que la finalidad de la reforma judicial es expulsar del PJF a los que no se han doblegado ante los deseos mesiánicos del presidente, ojalá la presidenta Claudia Sheiumban tenga cordura y verdaderamente haga un análisis de lo que la reforma significará para su recién iniciado mandato.

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