Caminar y conocer el campo mexicano, nos permite reflejarnos en un espejo de contrastes inquietantes. Por un lado, cifras récord de exportaciones: aguacates a Estados Unidos, berries en Europa, cerveza, mezcal y tequila por doquier. Por otro lado, millones de campesinos sin crédito, infraestructura ni un horizonte digno. El campo produce riqueza, pero sus actores viven en pobreza.
En el plano constitucional, el artículo 4º reconoce el derecho a la alimentación y la obligación del Estado de garantizarlo mediante políticas públicas congruentes. Este mandato debería traducirse en programas eficaces, presupuestos transparentes y resultados verificables. Sin embargo, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2025 coloca al campo en un lugar secundario frente a otras prioridades, con alrededor de 85 mil millones de pesos destinados a programas agropecuarios, de los cuales aún no se reporta un avance claro en su ejercicio.
Los ejes de la política agropecuaria actual se han orientado a Producción para el Bienestar, Precios de Garantía y Sembrando Vida. Son programas inscritos en la lógica asistencial: transferencias directas, apoyos inmediatos, un respiro en la economía rural. Pero la autosuficiencia alimentaria sigue lejos. La dependencia de maíz amarillo, trigo, arroz y soya importados es una herida abierta que cuestiona la eficacia de los programas y el cumplimiento del mandato constitucional.
El caso Segalmex simboliza la contradicción: se creó para dar certeza a pequeños productores con precios de garantía y acabó convertido en un emblema de corrupción, desvíos y simulación burocrática. La norma constitucional exige políticas serias; la práctica revela instituciones incapaces de rendir cuentas.
El crimen organizado agrava el escenario. Productores de aguacate en Michoacán deben pagar cuotas; campesinos en Guerrero y Oaxaca son forzados a sembrar ilícitos; rutas de exportación son controladas por grupos criminales. El campo se convierte en territorio disputado, donde el Estado se ausenta y los derechos constitucionales quedan en letra muerta.
Los gobiernos estatales poco hacen para superar esta crisis alimentaria. La mayoría de las entidades carece de programas sólidos de desarrollo rural y dejan la carga a la federación, sin embargo, debo reconocer que el gobierno de Puebla ha tenido iniciativas interesantes en este rubro, entendiendo que nuestra alimentación, crecimiento y verdadero desarrollo depende del campo y de sus productores, hasta ahora ha implementado módulos de maquinaria dentro del programa de transformación al campo, y una inversión histórica en la proveeduría de semillas, fertilizantes e insumos necesarios para esta actividad.
No podemos ignorar que el campo es un mosaico contradictorio, pero si los gobiernos locales hacen el esfuerzo en lo local, en el conocimiento del territorio, pueden convertir a sus estados en productores alimentarios y cumplir con ello con el mandato constitucional de garantizar el derecho a la alimentación; la realidad muestra que seguimos atrapados en la simulación.
La pregunta es inevitable: ¿queremos un campo sujeto a paliativos y discursos, o uno respaldado en la fuerza de la ley, la justicia social y la seguridad alimentaria? El artículo 4º no es una aspiración retórica: es un mandato. Cumplirlo es la deuda pendiente con quienes siembran la tierra y alimentan al país.
