En días recientes Oaxaca se colocó en el ojo del huracán, al ser señalado por propios y extraños como el epicentro del atropellamiento del sistema de justicia local. Para darle contexto estimado lector debo decirle que un juez de Enjuiciamiento Penal celebró una audiencia en la que se definía la libertad o condena en primera instancia del exdiputado priista Juan Antonio Vera Carrizal y de dos personas más.
Esta audiencia, hasta donde reportaron los medios y los abogados del caso se llevó al cabo con todas las formalidades de ley y los abogados de ambas partes expusieron sus argumentos sobre los hechos, transcurridas varias horas de debate, el juez José Gabriel Ramírez Montaño dictó un fallo absolutorio y en consecuencia se ordenó la inmediata liberación de los coimputados, también se dio por concluida la audiencia.
Hasta aquí todo eran emociones y sentimientos encontrados, pues como en toda contienda había ganadores y perdedores, pero en realidad era un tema que va más allá del propio sentimiento de las partes en conflicto, se trata de que el sistema de justicia diera frutos, y que fuera, por decir lo menos, un aparato del Estado confiable que puede dar resultados tangibles en favor de la justicia y no de las partes.
En este caso se ventilaba una disputa de orden penal, entre el Ministerio Publico de Oaxaca y el asesor jurídico de la víctima María Elena Ríos y por otra parte la defensa de Juan Antonio Vera Carrizal y dos coimputados, cada cual alegando y aportando pruebas para poder demostrar (de eso se trata el derecho penal) que existían elementos suficientes para acreditar el delito de FEMINICIDIO en grado de tentativa y por supuesto la responsabilidad penal de los acusados tanto del presunto autor intelectual, como de los presuntos autores materiales, y todo esto alrededor del hecho de que la víctima fue rociada por acido en la cara el pasado 9 de septiembre del 2019.
En el nuevo sistema penal en México, las victimas juegan un papel preponderante, tienen asistencia jurídica y pueden participar activamente en el proceso, deben cuidar que, si el ministerio público no desempeña su labor, las victimas que ahora son parte pueden interponer toda clase de recursos, hacer valer pruebas y procurar en todo momento demostrar la culpabilidad del acusado.
Hasta aquí todo iba como el proceso penal tiene dispuesto para este tipo de casos; sin embargo, luego de darse a conocer el fallo en los medios de comunicación, el Gobernador Salomón Jara publicó en su cuenta de X, un post diciendo:
“Expresamos toda nuestra solidaridad y apoyo a María Elena Ríos; desde Oaxaca, no vamos a tolerar ni permitir la impunidad. Este acto fue una muestra clara de la descomposición del Poder Judicial; José Gabriel Ramírez Montaño no es un juez, sino un priísta infiltrado en el Poder Judicial. Hoy más que nunca, la reforma y transformación del Poder Judicial son necesarias”.
Este post anunció una serie de intervenciones ilegales del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, para detener, frenar, suspender, inhabilitar, todo lo relacionado con el fallo absolutorio dictado por el juez de la causa: lo más lamentable fue que prácticamente la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca fue quien personalmente se encargó de atropellar al sistema de justicia a su cargo, como fiel cumplidora de las órdenes del gobernador de Oaxaca.
Se dio a la tarea de linchar mediáticamente al juez, separarlo de la causa, misma que en primera instancia ya había terminado; lo mandó a investigación por haber cumplido con su responsabilidad, avasalló hasta dar muerte a la frágil independencia judicial y dicho sea de paso se hartó de cometer delitos contra la administración de justicia y de poner a Oaxaca en el ridículo nacional.
Esta es la justicia que espera la 4T, la que tiene que ver con el poder omnimodo de sus gobernantes en turno, pues total “apliquese la ley, en los bueyes de mi compadre”.
