El pasado 3 de enero del presente año fue elegida por unanimidad, entre sus pares, la magistrada Berenice Ramírez Jiménez como presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca. Más allá de haber resultado electa por sus pares, la percepción generalizada fue que se impuso la mano del Gobernador, Salomón Jara. Esto, debido a que la presidenta del Tribunal de Justicia Oaxaqueño ha ido de tropiezo en tropiezo y de delito en delito en su actuación del frente de dicho poder judicial.
Desde su toma de posesión, como presidenta del Tribunal Superior, existían varios asuntos que habían generado mucho ruido entre la sociedad oaxaqueña, y la mayor parte de la sociedad estaba pendiente de la actuación de la magistrada presidenta Berenice Ramírez. Había cuatro casos sobresalientes que despertaban el interés social: el caso de la desaparición de la joven Zayra Leticia Morales Loyola que se produjo el 23 de octubre de 2020, en la agencia municipal de Santa María Xochitlapilco, en la ciudad de Huajuapan de León. El segundo caso es la desaparición forzada de la activista Claudia Uruchurtu, el 26 de marzo de 2021, en Nochixtlán. El tercer caso es el de la saxofonista María Elena Ríos Ortiz, que fue atacada con ácido el 9 de septiembre de 2019. Por último, está el caso del feminicidio de la periodista María del Sol Cruz Jarquín, que se llevó a cabo el 2 de junio de 2018, en la ciudad de Juchitán de Zaragoza.
En el caso de Vera Carrizal, acusado de ser el presunto autor intelectual de tentativa de feminicidio en contra de la saxofonista, no se ha podido probar su culpabilidad. Del 11 de junio al 13 de agosto del año en curso, se desarrolló la audiencia de juicio oral, en la cual se vertieron los alegatos de apertura, se desahogaron las pruebas por ambas partes, se recibieron los alegatos de clausura y después de una deliberación en privado el juez José Gabriel Ramírez Montaño emitió el fallo respectivo: que fue absolutorio.
Bajo este panorama, ha sido imposible sustituir la
boleta de libertad de Vera Carrizal. Lo cual implica
que se esté violando su derecho al debido proceso,
sus derechos humanos, pero, sobre todo, no se estén
respetando los principios de independencia, autonomía e imparcialidad con la que debe actuar el Tribunal Superior de Justicia. Y, sin duda alguna, todo este manoseo judicial está siendo liderado por la magistrada presidenta Berenice Ramírez que tiene como única finalidad quedar bien con el Gobernador Jara.
El otro caso es el de la activista Claudia Uruchurtu,
quien denunció que la presidenta municipal, la morenista Lizbeth Victoria Huerta, había utilizado los recursos destinados al combate a la Covid-19 para
poder financiar su reelección en las elecciones que se
celebrarían por esas fechas. Dicha denuncia le acarreó
una serie de problemas que culminaron con su desaparición, el 26 de marzo de 2021.
En mayo de ese año fue detenida la presidenta municipal acusada de ser la autora intelectual de la desaparición.
En próximos días se espera que el TSJO, a través de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal, deberá resolver si ratifica, rectifica o revoca
la sentencia dictada en diciembre de 2022 contra
la exalcaldesa de Nochixtlán, se ha filtrado que la
orden es ratificar la sentencia, para que la expresidenta pueda alcanzar su libertad inmediata, esto por órdenes de la Magistrada presidenta del Tribunal Oaxaqueño.
La familia de la activista desaparecida ha emplazado al Poder Judicial del estado a que garantice el acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación del
daño. El TSJO tiene la disyuntiva: imparte justicia o
se somete al poder político.
La magistrada Berenice Ramírez ha perdido
de vista que su encargo tiene un fin y que en algún
momento le alcanzara la justicia que ahora ella ha
corrompido, por lo pronto Oaxaca perdió el rumbo
en manos de quien debía garantizar su impartición
en esta querida entidad.
