Hace algunas semanas la presidenta Sheinbaum trató de imponer, mediante la aplanadora legislativa que tiene en el Congreso de la Unión, una ‘ley censura’ que colectivos de derechos humanos, académicos, intelectuales, periodistas y otras organizaciones de la sociedad civil se opusieron rotundamente, ya que le daba la facultad de censurar incluso el internet. Dicha Ley, por lo menos, fue retirada y será presentada en otro momento.
Sin embargo, en Puebla, el gobernador Alejandro Armenta ha decidido hacer uso de su mayoritaria legislativa para que le aprobaran una ley denominada de “Ciberseguridad”, “Ciberacoso”, que puede castigar con hasta tres años de prisión y una multa de hasta 40 mil pesos a quien “insulte”, “ofenda”, “injurie”, también contra agravios y vejaciones en las redes sociales. Esta situación ha levantado ámpula entre los colectivos de derechos humanos y otras organizaciones civiles, las cuales consideran que esta supuesta “Ley de Ciberseguridad” no es otra cosa que un atentado a la libertad de expresión y que es, por lo tanto, una nueva “ley censura”.
Esta norma fue publicada el pasado 13 de junio en el Periódico Oficial del Estado, y el nuevo delito es “ciberasedio”. Sin embargo, podemos decir que su definición es tan ambigua que podría ser usada para atacar a periodistas, a críticos o a ciudadanos incómodos que causen problemas al gobierno del estado. En este sentido, organizaciones civiles como Artículo 19 se han pronunciado porque dicha ley podría ser usada como una herramienta de persecución por opinar en internet.
La organización Artículo 19 considera que los delitos que se han incorporado en dicha ley no cumplen con los principios de derechos humanos y de libertad de expresión, pues violentan el principio de taxatividad en materia penal, y en la elaboración de dicha ley no se incorporó el punto técnico de los especialistas en la materia. De tal manera que estas dos situaciones generan que los delitos incorporados puedan usarse de manera arbitraria contra la ciudadanía, en particular contra periodistas y medios de comunicación.
Cabe mencionar que, según el artículo 480 de dicha ley, se define al “ciberasedio” como la persona que “insulte, injurie, ofenda, agravie o veje a otra persona, con la insistencia suficiente para causarle un menoscabo en su salud”. Es evidente que las y los legisladores del Congreso de Puebla no consideraron que la libertad de expresión incluye discursos que pueden ofender o insultar. En este contexto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos destacando los elementos que sobresalen de la libertad de expresión, en su doble dimensión individual y colectiva, y en su función democrática, considera que dicho derecho protege tanto la información favorable, indiferente o inofensiva, como también protege aquella información que pudiera resultar chocante, inquietante u ofensiva para el Estado o la sociedad.
Amén de esta situación, Artículo 19 señala, con total claridad, que, además de fallar en el principio de taxatividad del derecho penal por ser amplios o carecer de definiciones exactas, pueden ser usados al utilizar palabras que pudieran criminalizar el ejercicio periodístico. Es realmente preocupante la aprobación de esta ley, pues en el fondo de todo lo que resulta como el quid del asunto es la actitud de censura que tiene el gobierno estatal y que es secundada, sin más, por el Congreso del estado.
Ahora bien, después de la aprobación de esta ley y de la desaprobación casi unánime por parte de colectivos de derechos humanos, de académicos, de periodistas y de otras organizaciones de la sociedad civil, ha quedado evidenciado la forma express en que legislan y aprueban leyes y decretos los y las legisladoras del Congreso estatal. Así, sin que existiera un debate, se abriera un foro abierto donde se intercambiaran ideas, puntos de vista contrarios, diferentes percepciones sobre el tema a tratar, hubiera un deseo de apertura y de escuchar las voces que piensan diferente al gobierno y al partido en el poder. Nada de eso hubo.
Sin embargo, ya aprobada la reforma al Código Penal, el gobernador Armenta le envía (es un eufemismo, más bien, le ordena) a la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del estado de Puebla, Maestra Laura Artemisa García Chávez, se establezcan foros junto con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con periodistas, asociaciones de padres de familia, organizaciones de derechos humanos y colegios de abogados, para que se analice la Ley de Ciberseguridad en lo referente al ciberacoso.
Llama la atención que dicha ley ya está aprobada, y solamente trata de darle “legitimidad” con foros y mesas de discusión ad hoc, pues es claro que los gobiernos de la 4T tienen una proclividad muy evidente hacia la censura, no les gusta que los critiquen ni los cuestionen, de ahí que salgan con estos bodrios de leyes que están mal hechas, son violadoras de derechos humanos y después son consideradas inconstitucionales y eso no les gusta.
Lo único que pretende esta ley censura es precisamente eso: censurar aquellas personas que les son incómodas al gobierno estatal, a los críticos y a los que cuestionan el talante autoritario que muestran los gobiernos del movimiento de la 4T. Ayer lo pretendió hacer el gobierno federal y tuvo que recular; hoy, lo hace un gobierno estatal y también tendrá que recular, pues su ley está mal hecha y no cumple con las condiciones de constitucionalidad al violar principios de derechos humanos al tener la intención de censurar la libertad de expresión de la sociedad.
La Sociedad Internacional de Prensa ha dicho que la ley de ciberasedio es una censura encubierta, “La Ley de Ciberasedio recién avalada en Puebla podría ser utilizada para castigar críticas incómodas y derivar en censura encubierta a críticas legítimas, lo que limitaría la libertad de expresión en entornos digitales” Ojala el Gobernador Armenta, llame a cuentas a sus asesores, no tengo duda de su vocación democrática, lo ha demostrado varias veces, hoy si se fue con la finta de quienes quieren atajar la crítica a costa de lo que sea!!
