La frase “Que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo proteja contra el fuerte y el arbitrario” es un legado de José María Morelos y Pavón, que encapsula los ideales de justicia, igualdad y protección que fueron fundamentales en la Independencia de México. Su origen en los Sentimientos de la Nación refleja el espíritu de una época de transformación y la visión de un líder que soñaba con una nación libre de opresión.
Esta frase se encuentra grabada en la entrada de todos los Juzgados y Tribunales Federales, como un recordatorio de la importancia de un sistema judicial que sirva como garante de los derechos humanos de todos, especialmente de los más vulnerables.
En México, el juicio de amparo es uno de los pilares del sistema jurídico, reconocido como un instrumento fundamental para la protección de los derechos humanos. Su historia y evolución reflejan la dinámica de un país en constante búsqueda de equilibrio entre la justicia, el poder político y los derechos de sus ciudadanos.
El juicio de amparo tiene sus raíces en el México del siglo XIX, un periodo marcado por la inestabilidad política y la necesidad de establecer un mecanismo que protegiera a los ciudadanos frente a los abusos de autoridad.
Su origen se atribuye al jurista Manuel Crescencio Rejón, quien en 1841, en la Constitución de Yucatán, propuso un mecanismo para proteger los derechos individuales frente a actos arbitrarios del gobierno. Esta idea fue retomada y perfeccionada por Mariano Otero, en 1847, y quedó formalmente instituido en la Constitución de 1857, con una intención clara: Proteger a los ciudadanos contra actos de autoridad que violaran sus derechos humanos.
Como operadora jurídica me permito reconocer su propósito como un vehículo para avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva; sentencias relevantes derivadas de juicios de amparo, han permitido la despenalización del aborto, la protección de los derechos de las personas LGBTI+ la defensa de los derechos laborales y de las comunidades indígenas, así como la protección al medio ambiente; demostrando la capacidad de esta noble institución para adaptarse a los cambios sociales y promover la justicia integral y efectiva.
Sin embargo, también ha enfrentado críticas, en su mayor parte por el desconocimiento de su tramitación y efectos; así como por el uso excesivo para retrasar asuntos o para evitar pagar multas e impuestos.
Hoy, el juicio de amparo se encuentra nuevamente en el centro del debate debido a una propuesta de reforma, que busca limitar sus alcances particularmente en aquellos casos relacionados con proyectos considerados de “interés nacional”. Esto ha generado preocupación entre juristas, académicos y organizaciones de la sociedad civil, quienes advierten que podría debilitar la capacidad del amparo para proteger los derechos humanos y controlar el poder del Estado.
La discusión sobre esta reforma debe considerar el equilibrio entre la protección de los derechos humanos y la necesidad de un sistema ágil que responda a las demandas del México contemporáneo y, para ello es necesaria la participación efectiva de la comunidad jurídica y la sociedad en general, a fin de garantizar un verdadero acceso universal a la justicia.
El juicio de amparo es, sin duda, una de las instituciones jurídicas más valiosas de México. Su capacidad para proteger los derechos humanos, garantizar el acceso a la justicia, fortalecer el Estado de derecho y promover la evolución del derecho, lo convierte en un pilar esencial del sistema democrático mexicano; a pesar de los retos que enfrenta, el amparo sigue siendo un faro de esperanza para quienes buscan justicia y equidad.
