A partir de la transmisión de un spot del gobierno estadounidense en la televisión mexicana, el gobierno de Sheinbaum vio el momento oportuno para enviar al Senado una iniciativa de Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión para evitar de que se volviera a dar de que un gobierno extranjero pudiera transmitir un spot, sobre todo si era antimexicano y humillaba al pueblo mexicano, como lo hizo el gobierno de Trump en la televisión mexicana.
Sin embargo, solamente tres de los artículos de un total de 280 que constituyen dicha iniciativa de Ley habla sobre ese tema. Después argumentaron que dicha reforma trataba de evitar de que los jóvenes pudieran ser reclutados por los grupos del crimen organizado mediante las plataformas digitales. Posteriormente, volvieron a cambiar el propósito de la iniciativa mencionando que se trataba de poder desactivar las plataformas que vendían cosas y no pagaban IVA. El propósito es censurar todo aquello que no le gusta a la presidenta Sheinbaum.
Hay una gran polémica sobre el artículo 109 de dicha iniciativa, pues según los detractores dicho artículo facultaría a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones para que pueda determinar los procedimientos, los parámetros o estándares bajo los cuales se pueda realizar el bloqueo de plataformas digitales, con lo que se estaría, de facto, ignorando que para que las restricciones a la libertad de expresión sean legítimas se deben establecer por ley, lo cual le corresponde al Congreso de la Unión. Amén de que los parámetros deben estar incluidos en dicha ley. Por lo que, siguiendo los estándares internacionales sobre libertad de expresión, este tipo de restricciones que estaría conteniendo la ley de Telecomunicaciones deben estar sustentadas en un carácter excepcional, deben estar establecidas en la ley de guisa clara y definida, así como también debe estar constreñida a estrictos criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.
Bajo este panorama sombrío para la libertad de expresión y del Internet, la R3D, Red en Defensa de los Derechos Digitales, ha señalado que esta nueva Ley de Telecomunicaciones incluye disposiciones que amenazan seriamente la privacidad y la libertad de expresión. En este sentido, es evidente que se puede dar el bloqueo de plataformas digitales constituyendo con ello una medida extrema, que sería análoga al cierre de una estación de radio o de un canal de televisión, lo cual no podría justificarse frente a la prohibición de censura previa que está establecido en la Constitución federal y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
De tal modo que, como lo explica el investigador Vladimir Chorny, el bloqueo de cualquier red social o de cualquier plataforma de prestación de servicios crea un grave problema en términos de acceso a bienes, servicios y el ejercicio de derechos. Hay que recordar, en este tenor, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que “los bloqueos totales de páginas son una restricción gravísima de la libertad de expresión que debe de quedar para los casos más excepcionales”.
Podemos decir que cuando un gobierno hace las cosas mal, lo primero que realiza es callar las voces independientes y críticas. Eso está haciendo el gobierno de Sheinbaum: no quiere escuchar tantas críticas, tantos cuestionamientos, tantas voces en contra por la forma en que está gobernando al país. Como dice Carlos Loret de Mola: ya tienen el primer poder, el Ejecutivo. Se quedaron a la mala con el segundo poder, el Legislativo. Desmantelaron el tercer poder, el Judicial. Y es claro que van por el “cuarto poder”: la información. Al igual que hicieron con el Poder Judicial, lo fueron mermando con descalificaciones, con estigmas; hoy lo harán con los medios de comunicación hasta que caiga totalmente en sus manos. La censura está muy próxima.
