Así, como en el día “D”, el 6 de junio de 1944, las fuerzas aliadas desembarcaron en Normandía, Francia, para iniciar la liberación de Europa Occidental; así, el primero de junio de 2025, los oficialistas acudieron a las urnas para destruir el Poder Judicial de la Federación, para socavarlo, supeditarlo, someterlo a la voluntad del Ejecutivo federal, al igual que hicieron lo mismo con los poderes judiciales locales. Mientras que los detractores no acudieron a votar para resguardar la República, la defensa de la democracia, de la independencia y autonomía del Poder Judicial Federal y también la de los poderes judiciales locales. En medio de estos dos grandes polos, se encuentra la mayor parte de la población que no acudió a votar, desairó por completo la “invitación” para que apoyaran en las urnas la reforma judicial, eligiendo por voto directo y popular a las y los ministros, a las y los magistrados y a las y los jueces. La sociedad con su abstencionismo demostró que no les importó para nada la elección, que no conocían a las y los candidatos, que no saben cuál es el papel de los jueces, de los magistrados y de los ministros, todos necesitaban un acordeón que les dijera por quien votar.
Mientras tanto, el Instituto Nacional Electoral, árbitro de este proceso electoral, instaló, según sus datos, el 99.99% por ciento de las 84 mil 123 casillas que se iban a instalar. Estaban habilitados para votar alrededor de 99 millones 700 mil ciudadanos. Sin embargo, solamente acudió a votar cerca del 13% del padrón electoral, es decir, hubo un abstencionismo del 87%. En cualquier lugar del mundo, cómo se podría pensar que con dicho porcentaje de abstención las candidatas y los candidatos electos con sólo el 13% de los votantes pueden tener legitimidad, pueden proclamar que fue un ejercicio democrático. Es evidente que la sociedad en general desairó este proceso electoral. Con la elección se complica aún más el camino tan sinuoso por el que ha transitado la reforma judicial. La población no respaldo a la presidenta de la República ni a su partido Morena en las mesas de votación.
Debemos señalar que, mientras Coahuila con el 21.56% y San Luis Potosí con el 21.03% fueron las entidades federativas donde se alcanzaron las cifras más altas de votación para la elección judicial, en Guanajuato y Jalisco se obtuvieron los niveles más bajos de participación ciudadana con el 7.22% y el 7.32% respectivamente. En Puebla se anduvo prácticamente en la media nacional que fue el 13% de participación. Votaron un poco más de 800 mil poblanos y poblanas en esta primera elección judicial.
Los cargos por los que votaron las y los poblanos fueron a parte de los 16 cargos nacionales, 9 SCJN, 2 TEPJF, 5 TDM, se eligieron 3 de la Sala Superior Regional Ciudad de México del TEPJF y 36 cargos para magistrados de circuito y jueces de distrito. Los resultados para estos cargos esta anunciado para el 10 de este mes, es decir, dentro de una semana.
Sin embargo, para los cargos nacionales ya prácticamente han quedado claros. Todo indica que encabezan, como se preveía desde antes, la lista de mujeres y varones electos los nombres que previamente se habían señalado y que aparecían, “coincidentemente”, en los acordeones y listas que el gobierno federal y el partido en el poder repartieron entre los sectores afines a ellos. Para qué se gastaron los más de 7 mil millones de pesos en la organización de esta farsa electoral, si los y las candidatas que puntean las votaciones son precisamente los que venían apuntados en los acordeones que repartió el gobierno federal y el partido Morena para adoctrinar a los votantes. Nada más hay que ver que de las nueve personas que van a resultar ganadoras para conformar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde el primero de septiembre, tres de ellas, las tres ministras se encuentran en funciones, las tres han manifestado simpatía por los principios de la 4T, mientras que las otras seis personas fueron propuestas por el Ejecutivo. Así o más claro. No era necesario toda esta pantomima para elegir a los que ya habían sido elegidos previamente.
Podemos señalar, en este sentido, que algunos de los resultados que se desprenden de este proceso electoral fallido, son: 522 millones de boletas sin usar, 7 mil millones de pesos usados, 87 millones de ciudadanos no votaron, 20% de votos nulos y blancos. De tal manera que, si el INE estima un porcentaje de participación del 13%, si se considera que la participación incluye a los que votaron como válido o nulo, el voto anulado está inflando el porcentaje, por lo que ¿Cuántos en realidad están votando a favor de los y las candidatas para elegir a las personas juzgadoras? Es decir, una quinta parte de los que acudieron a votar anularon su voto, altísimo el porcentaje. Esto demuestra, otra vez más, el circo, la farsa que significó este proceso electoral.
Hemos de mencionar que la mayor parte de los que acudieron a votar fueron los adultos mayores que, por cuestiones de edad y en muchas ocasiones por encontrarse en lugares apartados, como sucedió en Oaxaca, por temor a perder su pensión universal (la cual, dicho sea de paso, no puede perderse pues está ya consagrada en la Constitución federal), y fueron, de igual manera, adoctrinados por personas pertenecientes al partido-movimiento para que votaran por las personas señaladas previamente. De tal manera que, pese al acarreo, la manipulación, la coacción que llevó a cabo el sector oficialista, no les valió para lograr una votación importante que legitimara a las y los candidatos electos.
Es menester que consideren este gran desaire y enorme fracaso de la elección judicial, para que analicen esta situación tanto el Ejecutivo como el Legislativo, y en un acto de raciocinio político y de madurez, retiren esta reforma judicial que no cuenta con el respaldo social que tanto se pregonaba. Esta propuesta que ha presentado Leonardo Curzio nos parece de lo más sensato que se ha escrito en las últimas semanas. Y nos adherimos totalmente a ella. Se debe buscar un consenso general, amplio, informado, que permita fortalecer en serio al Poder Judicial de la Federación sin venganzas, odios, animadversiones, que tome en cuenta todas las opiniones: académicos, miembros del Poder Judicial, estudiosos del tema, abogados, el Legislativo, organizaciones sociales y civiles, para que puedan elaborar, juntos y sin resquemores, una verdadera reforma judicial que tenga como principal objetivo el acceso a la justicia para todos y todas, bajo los principios de que sea expedita, independiente e imparcial.
Un gran fracaso, se gastó un dinero que hace falta en hospitales, en escuelas, en transporte público, pero se trato de satisfacer el ego del mesías, aunque el pueblo desairara dicho proceso y no se lograra la legitimidad social que tanto se buscaba.
