En la entrega anterior abordamos cómo el gobierno de los Estados Unidos busca romper los vínculos de complicidad entre ciertos funcionarios, gobernadores y dirigentes del partido oficial, Morena, con el crimen organizado en México. Esta situación deriva de la política de seguridad implementada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, conocida como “abrazos, no balazos”. Esta estrategia permitió a diversas bandas del narcotráfico expandirse en territorio nacional, disminuyendo la presencia y eficacia de las fuerzas de seguridad y dejando en el abandono la responsabilidad del Estado de proteger a la ciudadanía. Hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta las consecuencias de esa política y, bajo presión del presidente Donald Trump, debe separar de sus cargos a los políticos relacionados con el crimen organizado y extraditarlos para ser juzgados en Estados Unidos.
En este contexto incierto, han surgido informaciones y se han llevado a cabo acciones que comprometen a varios militantes de Morena, presuntamente vinculados con grupos delictivos. El gobierno estadounidense busca presionar al mexicano para que le entregue a los personajes que considera ligados al narcotráfico, desatando una compleja dinámica bilateral. La administración de Trump ha utilizado múltiples vías para ejercer presión, entre ellas, el intento de gravar con un arancel del 5 % las remesas enviadas por migrantes mexicanos, propuesta que fue finalmente desechada. También ha manifestado su desacuerdo con la llamada “reforma judicial” mexicana, al considerar que atenta contra la división de poderes.
No obstante, la presión más significativa ha sido el retiro de visas a políticos, funcionarios y militantes morenistas con presuntos vínculos con el crimen organizado. A la fecha, se ha confirmado la revocación de visas a al menos dos personas, mientras que el senador Marco Rubio asegura tener una lista de políticos mexicanos bajo investigación. En este marco, el alcalde morenista de Matamoros, Alberto Granados, fue detenido en Brownsville, Texas, interrogado por autoridades estadounidenses, y posteriormente liberado, aunque se le canceló la visa. Granados negó la revocación, pero ha evitado regresar a Estados Unidos.
El caso más alarmante es el de Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California, a quien también se le retiró la visa junto con su esposo, Carlos Torres. Ambos habrían sido protegidos por el expresidente López Obrador, quien ignoró las advertencias sobre sus posibles nexos con el narcotráfico. Hoy, esa omisión le genera presión a Sheinbaum, quien debe deslindarse de la gobernadora para evitar ser señalada como cómplice. La falta de respaldo público por parte de Morena y del gobierno federal hacia Marina del Pilar es notoria, en contraste con otros casos.
Además del retiro de la visa, se han congelado sus cuentas bancarias. La gobernadora residía en San Diego y su hija estudia en Estados Unidos. La revocación de su visa, siendo gobernadora en funciones, marca un hecho sin precedentes. La ciudadanía bajacaliforniana ha reaccionado, organizando protestas y actos simbólicos, como una carne asada masiva en Mexicali y otra planeada en Tijuana, para exigir su revocación de mandato.
La gobernadora está obligada a rendir cuentas a su electorado. La FGR también debe informar si existe alguna investigación formal en su contra o contra otros políticos mexicanos. A la par, se ha divulgado que familiares del Chapo Guzmán estarían negociando con autoridades estadounidenses para fungir como testigos protegidos y proporcionar información sobre políticos vinculados con el narco. El periodista Jorge Zepeda Patterson advierte que estos testimonios son poco fiables y pueden ser manipulados para servir a los intereses de Washington. Aun así, la administración Trump los usa como herramienta de presión contra México.
Ya suman dos políticos mexicanos —un presidente municipal y una gobernadora— a quienes se les ha revocado la visa. La situación se agrava con la investigación revelada por ProPublica, en la que se indica que Estados Unidos prepara una lista de funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con el crimen organizado. En ella figuran nombres como Adán Augusto López Hernández, Rubén Rocha Moya, y otros que, según medios, están nerviosos por las posibles implicaciones legales y diplomáticas.
Entre los gobernadores señalados se encuentran Marina del Pilar (Baja California), Alfonso Durazo (Sonora), Alfredo Ramírez Bedolla (Michoacán), Layda Sansores (Campeche), Rubén Rocha Moya (Sinaloa), Miguel Ángel Navarro (Nayarit), Américo Villarreal (Tamaulipas) y Samuel García (Nuevo León), además del exgobernador Enrique Alfaro (Jalisco). También figuran funcionarios como Mario Delgado, Clara Luz Flores y su esposo Abel Guerra, así como los líderes del Congreso, Ricardo Monreal y Adán Augusto López.
La lista incluye a cuatro generales de alto rango y al exdirector de la CFE, Manuel Bartlett Díaz. También se menciona a varios presidentes municipales, la mayoría del estado de Tamaulipas. En este punto, destaca la presunta relación entre Mario Delgado y Sergio Carmona, conocido como el “Rey del huachicol”, quien habría financiado campañas de Morena en cinco estados. Esta relación está siendo investigada por la DEA y el FBI.
Se presume que en al menos cuatro de esos cinco estados ganó Morena, lo que habría facilitado las operaciones ilícitas de Carmona. Esto explicaría el interés del gobierno de Trump por actuar judicialmente contra los beneficiarios de ese esquema.
La presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta una situación compleja. De no deslindarse de los personajes implicados, puede enfrentar severas consecuencias políticas y diplomáticas. Trump podría utilizar esta crisis para forzar concesiones, como permitir la intervención de fuerzas estadounidenses en territorio mexicano bajo el pretexto de combatir al narcotráfico. Ya existen imágenes, aunque negadas oficialmente, de elementos del ejército estadounidense operando en Sinaloa.
México se encuentra ante un escenario delicado. Si la presidenta Sheinbaum no toma distancia de los implicados, corre el riesgo de ser arrastrada por los errores y omisiones del pasado. Nuestros gobernantes están molestos, indignados, encabronados pues por el retiro de visas, ya no podrán ir a Las Vegas, ni de compras a Houston, Texas, a pasear en Florida, ni visitar muchas veces Disney World, y eso cala hasta al más reacio militante de la izquierda austera de nuestro tercermundista territorio.
