A unos días de que se acabe la actual administración, los datos oficiales y extraoficiales nos permiten afirmar que este sexenio se ha convertido en el más violento y sangriento en la historia contemporánea de México. Sin duda alguna, el gobierno de López Obrador en materia de seguridad no está a la par de Dinamarca o los países nórdicos, sino que
está reprobado, es un gobierno fallido que le falló a la sociedad en general al no poderles brindar la paz y la seguridad prometidas. La ocurrencia de su política de seguridad de “abrazos y no balazos” es de un cinismo incomparable, que solamente pretendía burlarse de todos y todas las personas que fueron víctimas de la violencia cotidiana, que se reprodujo por toda la nación de manera campante sin que se le pudiera frenar.
El actual gobierno fue incapaz de diseñar una política pública de seguridad ciudadana que frenara, o por lo menos atenuara, la terrible crisis de inseguridad que ha afectado a México en los últimos sexenios. En este tenor, debo decir que la seguridad pública es una obligación constitucional que debe ser garantizada por los tres órdenes de gobierno, pero que en los últimos años no se ha cumplido con dicha función por parte de los gobiernos federal, estatal y municipal, lo cual ha generado una crisis de inseguridad que prevalece desde el sexenio de Felipe Calderón, pero que se ha incrementado exponencialmente durante la administración de López Obrador.
Esta situación produce que exista una idea colectiva respecto a la carencia de un Estado de derecho que garantice, precisamente, los derechos de todos y de todas las personas.
En opinión de quien esto escribe, hay dos ejemplos que ilustran con claridad el incremento de inseguridad que agobia a todo el país, el primero es el impresionante incremento en los homicidios dolosos y otro es el desplazamiento forzado de personas tanto interno como externo que es propiciado por la violencia ejercida de algunos grupos ligados al crimen organizado; sin embargo la lista de efectos de la inseguridad es amplia, por ejemplo secuestros, desapariciones forzadas de personas y todas aquellas escenas dantescas de cuerpos mutilados.
Ante este panorama, el presidente López Obrador ha minimizado, descalificado o francamente ignorado los datos que han mostrado diferentes organizaciones sociales, civiles, organismos privados, organizaciones no gubernamentales, pues afirma el titular del Ejecutivo federal que dichas cifras responden a “los intereses de los conservadores, de los neoliberales”, que sólo buscan descalificar su gobierno que se preocupa, según él, por el “bienestar de los pobres”.
Es evidente que la política emprendida por el presidente de la República ha permitido que las bandas del crimen organizado, en sus diferentes rubros, se hayan consolidado y hayan podido expandir su control territorial en diferentes zonas del territorio nacional, el cual han ido ganando ante la pasividad, permisibilidad, apatía o, incluso, complicidad de
las fuerzas armadas, la Guardia Nacional y las policías estatales y municipales.
Bajo este panorama desalentador y nada promisorio, el actual gobierno, que no ha sido capaz de reconocer su propio fracaso en cuanto a la seguridad pública, se ha dedicado, en cambio, a repartir culpas a los gobiernos anteriores, al neoliberalismo, a los conservadores, a todos aquellos que lo critican, cuestionan y no están de acuerdo con su manera de gobernar. Sin embargo, son miles y miles de mujeres y varones que han sufrido una pérdida ya sea familiar, a un amigo, amiga, a una persona cercana y no han encontrado la empatía que debería mostrar el presidente de la República y todo su
gobierno en general ante la desgracia que significa una muerte por homicidio.
Asimismo, otro de los grandes flagelos que se ha dado en este sexenio es el de las personas desaparecidas. Esto, sin duda alguna, provoca, entre los familiares que buscan a sus seres queridos y cercanos, una ingente zozobra e incertidumbre por saber dónde se encuentran dichas personas, pues, ya conscientes de que se hallan sin vida, desean, por lo menos, recibir los cuerpos para poderles brindar una cristiana sepultura, según las creencias de cada uno.
Sin embargo, la administración de López Obrador, en este tema como en otros más, ha evadido su responsabilidad, su obligación, no ha mostrado ninguna empatía con las organizaciones sociales que se dedican a la búsqueda de las personas desaparecidas, no ha querido entrevistarse con las madres buscadoras que tanto han solicitado una reunión con él para que su gobierno se comprometa en serio a buscar en todo el territorio nacional a las personas que se encuentran desaparecidas y que, por el proceder de la administración federal, se atisba que no les interesa en absoluto el sufrimiento y el dolor de las madres y demás familiares por dichas desapariciones.
Así, debemos mencionar que la desaparición de personas se ha convertido en un acto generalizado y sistemático. No se ha podido frenar dicha situación, pues durante el 2023 hubo un incremento de 7.3 por ciento mientras que en este año el aumento ha sido del 6.3 por ciento. Cuando inició esta administración, el primero de diciembre de 2018, según los datos que proporciona el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas (RNPDNL) se contabilizaban un total de 53 mil 296 personas desaparecidas y hasta el día de hoy se tiene el registro de más de 115 mil personas
desaparecidas, es decir, se ha duplicado el número en lo que va de la administración de López Obrador.
Más de 61 mil desapariciones se han producido en el actual sexenio, lo que significa que el presidente y su gobierno han fallado absolutamente en la política sobre seguridad pública, al incrementarse considerablemente dicha cantidad y al no poder detener
dicho fenómeno.
Desde el año 2000, en que se inició con el registro de personas desaparecidas, se considera a 2023 como el de mayor número de desapariciones con la friolera de 10 mil 315 personas. Hemos de apuntar, en este contexto, que, según el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), además del número aterrador de personas desaparecidas existen más de 52 mil personas fallecidas sin identificar. Aquí también se produce otra deficiencia del Estado mexicano, pues según el MNDM no se cuenta con instituciones con la capacidad técnica ni humana para poder identificar los restos existentes de los miles de personas.
Son cinco los estados donde se han venido dando el mayor número de desapariciones de personas en los tres últimos años, sin que varíe la posición de ellos. En el primer lugar, durante el 2022, 2023 y lo que va del 2024, Jalisco se ha convertido en la entidad federativa que más desapariciones de personas presenta por tercer año consecutivo, hasta el día 16 de mayo del año en curso se registraba la cantidad de 14 mil 991 desapariciones. Le sigue, en segundo lugar, el estado de Tamaulipas que registra la friolera de 13 mil 228 desapariciones. En tercer sitio se ubica el Estado de México con 12 mil 399 desapariciones. Mientras que Veracruz se encuentra en el cuarto lugar con 6 mil 946 desapariciones. Y, en quinto lugar, se halla el estado de Nuevo León con la cantidad de 6 mil 722 desapariciones.
De esta manera es que 48 por ciento de las personas que se encuentran desaparecidas en el país se concentran en estos cinco estados actualmente.
Mientras que los cinco estados con el menor número de desapariciones son los siguientes: Campeche con 102 desapariciones; Tlaxcala con 151; Yucatán con 310; Aguascalientes con 369 y, en quinto lugar, se ubica Tabasco con 465. En Tabasco y en Tlaxcala hubo un incremento en el porcentaje de desapariciones de personas con respecto a 2023, en el estado tabasqueño el aumento fue de 80 por ciento al pasar de 254 a 465.
Este es el legado que en materia de seguridad pública deja el actual presidente de la República. Es dable afirmar que dicha administración no ha podido con la violencia y ha manchado de sangre todo el territorio nacional. Las madres buscadoras como también las madres y familiares que han perdido a algún ser cercano por culpa de la violencia descontrolada son dos elementos que estarán permanentemente en la conciencia de López Obrador. Aunque, por su falta de empatía y su creciente cinismo, ya lo dijo en su último informe que ofreció en la Plaza del Zócalo capitalino: “me voy con la conciencia tranquila”. Cabría preguntar: ¿y los casi 200 mil muertos que hubo en su sexenio y los más de 61 mil desaparecidos que se produjeron en su administración no responderá por ellos?
Nunca ha sido fácil diseñar políticas públicas de seguridad, pero en sexenios anteriores, se diseñó una política de largo plazo, y el eje rector lo fue el Sistema Nacional de Seguridad Publica, quien fue el responsable de la articulación de los esfuerzos con todas las entidades federativas, se trabajaba en paralelo en los modelos de justicia penal, en el fortalecimiento de la infraestructura de tribunales locales, en la infraestructura penitenciaria y en el capital humano por medio de un programa de certificación de habilidades para los elementos de la seguridad pública, con la respectiva homologación salarial, hoy todo eso desapareció, fue borrado del mapa público, por el simple hecho de ser una política Neoliberal, así estamos y así seguiremos.
