A un mes de la entrada en funciones de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que se observa es un panorama alarmante: ministros y ministras sin la preparación necesaria para encabezar el máximo tribunal, improvisaciones en los procedimientos y un desconocimiento evidente de los principios que deben regir la justicia constitucional. La llamada “reforma judicial” no fortaleció al Poder Judicial: lo debilitó y lo subordinó al Ejecutivo.
Hasta antes de la reforma, la Corte estaba integrada por once ministros, con dos Salas que permitían dividir el trabajo en materias civil, penal, administrativa y laboral. Hoy, con solo nueve integrantes y sin Salas, todo asunto debe discutirse en el Pleno, incrementando de manera artificial la carga procesal y disminuyendo la calidad en el análisis de los casos. Esto es particularmente grave porque los tribunales constitucionales no pueden darse el lujo de fallar con superficialidad: en sus manos se define la libertad, el patrimonio y todos los derechos inherentes a los ciudadanos.
La Constitución, en su artículo 17, consagra el derecho a una justicia pronta, completa e imparcial. Sin embargo, con ministros en “curva de aprendizaje” —como reconoció incluso Ricardo Monreal—, este derecho se convierte en letra muerta. La independencia judicial, pilar del Estado de Derecho y de la división de poderes, se diluye frente a la inexperiencia y la sumisión política. No se eligió a juristas de carrera ni a especialistas con experiencia en tribunales; se eligió a personas afines al gobierno, aunque desconocen la diferencia entre un juicio de amparo y una controversia constitucional, o incluso se pronuncian por “sobreseer” artículos de la ley.
El problema no es solo de forma, sino de fondo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado reiteradamente que la prisión preventiva oficiosa en México es contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por violar la presunción de inocencia y el principio de proporcionalidad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que las detenciones preventivas deben ser excepcionales, no automáticas. Hoy, la SCJN tendrá que pronunciarse sobre este tema con un Pleno debilitado, integrado por jueces constitucionales sin la solidez doctrinal y técnica que exige el análisis de derechos humanos.
Pero la crisis no se limita a la Suprema Corte. Una revisión honesta obliga a reconocer que los yerros también son frecuentes en Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito, donde el déficit de preparación, la falta de estudio de los asuntos y la superficialidad en las resoluciones son la regla más que la excepción. En el ámbito penal, los jueces de control exhiben con claridad esta debilidad: decisiones improvisadas, audiencias que privilegian la prisa sobre la legalidad y actuaciones que vulneran derechos fundamentales, abogados defensores corrigiéndoles el procedimiento, Ministerios Públicos riéndose en las audiencias ante el desconocimiento total del procedimiento. En otras materias, tampoco faltan ejemplos: jueces en Ciudad de México, Puebla y otras entidades que, en lugar de estudiar con rigor los expedientes sometidos a su jurisdicción, se concentran en “poner orden” corriendo personal de manera ilegal, muy valientes con los empleados, pero distantes del conocimiento jurídico que debería guiar sus resoluciones.
La independencia judicial no se mide solo por la ausencia de injerencia directa del Ejecutivo, sino también por la capacidad de los jueces para resolver con rigor técnico, libre de presiones y con apego a la Constitución. La Corte Interamericana lo ha dejado claro: un juez sin preparación o que falla sin motivación suficiente incumple el estándar de independencia y afecta el derecho de acceso a la justicia. En este sentido, lo que hoy se observa en la Corte y en el resto de la judicatura mexicana es un retroceso institucional que coloca en riesgo la tutela efectiva de los derechos humanos.
El contraste con la Corte anterior es evidente. Bajo la presidencia de Norma Piña, más allá de diferencias ideológicas, se defendió la autonomía judicial con base en criterios técnicos y constitucionales. Hoy, en cambio, el ministro presidente presume de honestidad y cercanía con “el pueblo”, mientras mantiene un cuerpo de casi cien asesores que cuestan más de seis millones de pesos al mes. Una contradicción frente a la austeridad que pregona el gobierno y una muestra de improvisación administrativa.
La justicia constitucional debe ser el contrapeso más fuerte frente a los abusos del poder. En México, hoy, se ha transformado en su brazo legitimador. Con ministros inexpertos, tribunales colegiados distraídos y jueces de control que privilegian la comodidad sobre el estudio, no hay garantía de imparcialidad ni de rigor jurídico. Lo que está en juego no es solo la reputación de la Corte, sino la vigencia misma del Estado de Derecho y la protección de los derechos fundamentales de millones de personas.
No me gusta lo que veo, el foro de operadores jurídicos solo observa, exhibe los errores de las audiencias, nadie garantiza un análisis técnico jurídico de un caso sometido a la decisión judicial, las cosas pueden ponerse peor, solo es cuestión de esperar.
