La penalización del aborto se constituye hoy en día como un estatus decimonónico en el que conservadores y liberales, religiosos, apostatas y ateos, santos y demonios han tratado de ser dueños de la verdad sobre el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Nuestra SCJN hizo un gran trabajo para entender desde la ciencia y no desde las posiciones ideológicas, religiosas, partidistas o cualquiera otra visión, desde qué momento inicia la vida de otro ser humano y con ello procurar proteger también la vida del nonato, apartándose de aquella vieja idea de la protección desde el momento mismo de la concepción.
Esta columna no pretende hacer una falsa polémica entre las creencias de los lectores, pretende por un lado establecer la importancia del reconocimiento de un derecho y de las obligaciones legales que la autoridad tiene para que esos derechos se respeten, protejan y garanticen.
Hasta el día de hoy, son 14 las entidades federativas que dejando la atmósfera del medievo han dado el paso de entrar al siglo XXI despenalizando el aborto, para hacer valer el derecho inalienable de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo con libertad y respetando siempre su integridad.
Hay que mencionar que Puebla fue el último estado en alejarse de las normas medievales que sancionaban la libertad de las mujeres al aborto. No se reparaba en todos y cada uno de los derechos que se trastocan cuando las legislaciones tienen un componente de pensamiento retrogrado y anquilosado. No es nuestra entidad por mucho un ejemplo a nivel nacional, sin embargo, hay que reconocer que el Congreso local, abordó el tema, siempre polémico y lo resolvió con buenos ingredientes legislativos.
En este sentido, es innegable que casi todas las muertes por abortos clandestinos podrían evitarse si se cuenta con la despenalización del aborto, que permite contar con servicio médico de manera legal, seguro y gratuito. De tal manera que despenalizar el aborto es una cuestión de derechos humanos, no de valores, prejuicios u opiniones.
Aunque abortar debe ser una decisión difícil, las mujeres que así lo decidan deben tener ese derecho de optar por un aborto seguro; se trata, pues, de respetar los derechos fundamentales de todas las ciudadanas y personas gestantes a la igualdad, privacidad, seguridad, entorno legal no criminalizado y un largo etcétera de derechos por proteger.
