El pasado lunes el Alcalde de Puebla, José Chedraui, inauguró un mural en homenaje a las víctimas de violencia ácida, ubicado en el cruce del Bulevar 5 de Mayo y la 2 Oriente, la obra fue creada por la artista Lizette Charlotte y retrata los rostros de Carmen Sánchez, Leslie Moreno y Esmeralda Millán, mujeres sobrevivientes de ataques con ácido y activistas sociales.
Los monumentos y memoriales o, como en el caso, un mural son herramientas simbólicas importantes que ayudan a honrar y visibilizar a las víctimas, además que promueven la reflexión sobre el daño causado y generan conciencia pública sobre la importancia de la justicia.
Sin embargo, la reparación integral para las víctimas de cualquier forma de violencia, requiere leyes y políticas públicas que les aseguren castigos para sus agresores y cero impunidad; una indemnización que les permita rehacer su proyecto de vida; así como medias que garanticen la no repetición.
La violencia ácida se ha convertido en una de las manifestaciones más crueles y devastadoras de la violencia de género, dejando cicatrices imborrables en los cuerpos y en las vidas de sus víctimas. Este tipo de agresión consiste en arrojar ácido u otras sustancias corrosivas con la intención de desfigurar, torturar o incluso matar a las víctimas y, afecta principalmente a mujeres.
La violencia ácida no solo provoca daños físicos irreversibles, como quemaduras graves, deformidades y pérdida de funcionalidad en el cuerpo, sino que también deja heridas emocionales, psicológicas y sociales profundas. Las sobrevivientes enfrentan un largo camino de recuperación, tratamientos médicos costosos y un impacto devastador en su autoestima y relaciones personales.
Un caso emblemático es el de Carmen Sánchez, quien en 2014 fue atacada con ácido por su ex pareja, Efrén García, en Ixtapaluca, Estado de México. Tras una lucha de nueve años, Carmen logró que su agresor fuera condenado a 46 años y 8 meses de prisión, marcando la primera sentencia en México y América Latina que castiga un ataque con ácido como tentativa de feminicidio.
La violencia ácida se ha tipificado como un delito autónomo en cuatro entidades: Oaxaca, Puebla, Baja California y Ciudad de México, y se llega a castigar hasta con 12 años de prisión, con agravantes si se causan deformidades en el rostro o daña órganos vitales. Esto, gracias a la llamada Ley Malena, impulsada por la saxofonista María Elena Ríos, víctima de un ataque con ácido en 2019.
Sin embargo, en otros estados, este delito no está tipificado de forma específica y en muchos casos se clasifica como “lesiones simples”, lo que resulta en penas mínimas que no reflejan la gravedad del crimen, además de que ignora su carácter de violencia de género.
La violencia ácida no es solo un ataque contra una persona, sino un mensaje de control y castigo hacia las mujeres, por tal motivo, organizaciones como ONU Mujeres han instado a los Estados a regular la venta de ácidos, establecer servicios médicos y jurídicos especializados; y, promover la prevención de la violencia de género.
La lucha contra la violencia ácida requiere un esfuerzo colectivo, desde leyes más estrictas y su aplicación efectiva, hasta un cambio cultural que fomente la empatía y combata la violencia en general. El camino hacia la erradicación de la violencia ácida en México es largo, pero las voces de las sobrevivientes, unidas a los esfuerzos de activistas y legisladores, están comenzando a romper el silencio. Es hora de que la sociedad y las instituciones se sumen a esta lucha para garantizar que ninguna mujer vuelva a sufrir este crimen atroz.
