En días pasados se viralizó una tabla de análisis con datos oficiales de la Secretaría de Salud, que mostraba los casos de nacimientos en México con las madres más jóvenes del país, pero, lo que generó mayor impacto fue la diferencia de edad con los padres, que en algunos casos superaba los 30 años.
En el estado de México, una niña de 10 años tuvo un bebé cuyo padre tenía 32 años; en Michoacán una pequeña de 12 años fue madre y el padre es un hombre de 65 años, lo que representa una diferencia abismal de 53 años. En Puebla una niña de 11 años, es progenitora de un infante producto de la unión con un hombre de 32 años.
Definitivamente estos datos son alarmantes y aunque no existen estadísticas nacionales específicas que detallen la diferencia de edad entre las niñas embarazadas y los padres de sus hijos, diversos estudios y reportes de organizaciones como el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), señalan que un porcentaje de embarazos infantiles involucra a hombres adultos, a menudo mayores de 18 o incluso de más de 30 años.
Muchos embarazos infantiles con padres mayores son resultado de abuso sexual, ya sea por parte de familiares, conocidos o figuras de autoridad, sin embargo, no son denunciados por miedo, estigma o falta de acceso a la justicia.
Por otro lado, el matrimonio infantil es una práctica cultural común en algunas comunidades, a menudo como una estrategia económica para las familias en situación de pobreza. Aunque el matrimonio infantil fue prohibido en México en 2019, las uniones informales siguen siendo comunes, especialmente en regiones indígenas donde las costumbres tradicionales tienen un peso significativo.
Asimismo, las normas patriarcales y culturales hacen que las relaciones entre niñas y hombres mayores sean vistas como aceptables o incluso deseables, bajo la creencia de que un hombre mayor ofrece estabilidad económica.
Por otro lado, la vulnerabilidad de las familias en condiciones de extrema pobreza provoca que se vea con normalidad la unión de una niña y un hombre mayor como una forma de aliviar la carga económica.
Las niñas, sin acceso a educación o recursos, se convierten en blanco fácil de relaciones desiguales que resultan en embarazos a edades tempranas con graves consecuencias, tanto a nivel físico como emocional y social.
Desde el punto de vista de la salud, las niñas menores de 15 años enfrentan mayores riesgos de complicaciones durante el embarazo y el parto, como preeclampsia, parto prematuro o inclusive muerte materna. Además, los bebés de madres infantiles tienen mayor probabilidad de nacer con bajo peso o problemas de salud.
A nivel social, el embarazo infantil suele implicar el abandono escolar, lo que limita las oportunidades de las niñas para romper con el ciclo de pobreza. También enfrentan estigma social, aislamiento y, en muchos casos, dependencia económica de sus familias o parejas, lo que perpetúa relaciones de poder desiguales, maltrato físico, psicológico y abusos constantes.
Los embarazos infantiles en México con padres significativamente mayores son una manifestación extrema de la violencia de género, la desigualdad y la pobreza, que no solo vulnera los derechos de las niñas, sino que perpetúa ciclos de exclusión y abuso que afectan a generaciones futuras. Combatirla exige un enfoque integral que combine cambios legales, educativos, culturales y económicos, con énfasis en la protección de las niñas y la sanción a los responsables. Solo mediante un compromiso colectivo entre el gobierno y la sociedad civil será posible garantizar que las niñas mexicanas crezcan en un entorno donde sus derechos humanos sean efectivamente garantizados.
