Sé que últimamente mis lluvias les han parecido desbordadas, violentas e impredecibles. Sé que miran al cielo con temor y se preguntan por qué el agua que antes nutría ahora destruye.
Durante millones de años mantuve un delicado equilibrio: los ríos corrían, los bosques respiraban, las nubes se movían con calma. Pero en los últimos tiempos, comenzaron a generar más humo del que puedo absorber, a talar más árboles de los que puedo sanar, a calentar más de lo que puedo soportar.
El aire se volvió denso, el calor quedó atrapado y mis océanos comenzaron a hervir en silencio; las nubes, confundidas, se cargaron de agua y las corrientes se desorientaron. Por eso ahora, cuando lluevo, ya no puedo hacerlo con suavidad. Mi llanto se convirtió en tormenta.
Me imagino que estas serían las palabras de la Tierra si pudiera hablarnos y explicarnos la devastación que provocan los fenómenos naturales. Es un hecho que la naturaleza no nos necesita, está hecha para evolucionar y superar especies tan letales como la humana; pero nosotros dependemos de ella, de ahí que se vuelva necedad no tomar las medidas necesarias para evitar que se siga desgastando.
En los últimos años, nuestro país ha experimentado de manera alarmante el aumento en la frecuencia e intensidad de fenómenos climáticos como inundaciones y deslaves. El crecimiento urbano acelerado, el deterioro del ecosistema, las lluvias intensas y el mal manejo del agua han generado barrancas colapsadas y sistemas de drenaje saturados, multiplicando los desbordamientos repentinos.
Muestra de ello fue la tragedia que golpeó con fuerza a Veracruz, Puebla e Hidalgo el pasado fin de semana, dejando más de 60 muertos, decenas de desaparecidos y centenares de hogares afectados.
La recurrencia de estos fenómenos demuestra que la prevención debe ser el pilar de la política de riesgos naturales, lo que implica transformar la visión del agua y su gestión en cuestión prioritaria. En este contexto, la reforma a la Ley de Aguas Nacionales y el establecimiento del Plan Nacional Hídrico 2024-2030 pueden constituir instrumentos esenciales para la prevención de catástrofes.
Las principales propuestas de esta iniciativa de ley son: la seguridad hídrica, la regulación efectiva del derecho humano al agua, el manejo sustentable del recurso hídrico y la incorporación de estrategias de adaptación climática.
Este marco legal también obliga a una gestión estratégica que integre prevención de riesgos y protección territorial al momento de planificar obras hidráulicas o concesiones; asimismo, prevé sancionar el robo de agua, el desvío de cauces y la extracción ilegal, esto con mayor severidad para los funcionarios públicos involucrados.
Por otra parte, el Plan Nacional Hídrico 2024-2030 constituye una estrategia de gestión centrada en garantizar el derecho humano al agua, con objetivos como ordenar las concesiones, tecnificar el riego, reducir fugas y contaminación, y construir infraestructura estratégica.
Tales objetivos impactan directamente en la prevención de desastres, con construcción de acueductos y sistemas que regulen el caudal de los ríos durante lluvias intensas, y programas de reforestación en cuencas prioritarias para fortalecer la retención de suelos y evitar deslizamientos.
Estas propuestas han sido aplaudidas por organizaciones sociales y ambientalistas, pero también han sido objeto de críticas por algunos sectores que advierten que el endurecimiento de leyes puede afectar la competitividad y la autosuficiencia agrícola del país.
Como cualquier proyecto, estos tienen puntos perfectibles; sin embargo, me parecen estrategias de acción importantes para evitar catástrofes como la vivida recientemente. Ya era tiempo de integrar la gestión hídrica con la prevención y pensar el agua no solo como un recurso, sino como un factor de seguridad ambiental y territorial.
