Todos recordarán el caso de Carlota “N” o como algunos la apodaron “La abuelita
vengadora”, una mujer de la tercera edad, que en un arranque de desesperación
por recuperar la vivienda de su hija ubicada en el Estado de México, agredió con
arma de fuego a quienes presuntamente había invadido la casa privando de la
vida a uno de ellos.
No justifico en ninguna circunstancia la violencia, pero logro entender la
desesperación que doña Carlota, debió sentir al ver que el patrimonio que con
tanto esfuerzo consiguió su hija, es aprovechado abusivamente por terceros.
En México se estima que aproximadamente existen 800 mil viviendas
abandonas y muchas de éstas son ocupadas de forma ilegal. Derivado de lo
anterior, en días pasados el Infonavit anunció un plan para regularizar viviendas
invadidas.
Esta es una medida compleja que busca abordar un problema real, pero genera
preocupaciones legítimas. Por un lado, intenta resolver el abandono de viviendas,
muchas de las cuales fueron construidas en lugares remotos, sin servicios básicos
o con créditos impagables, lo que llevó a su abandono o bien, a su ocupación
irregular.
Por otro, ofrece a los ocupantes un esquema de renta con opción a compra sin
desalojos forzosos, lo que podría reducir el rezago habitacional y revitalizar
comunidades deterioradas, especialmente en zonas marginadas. Además, plantea
reestructurar créditos o reponer viviendas a los propietarios originales, para
proteger sus derechos.
Hasta aquí todo suena muy bonito, pero la propuesta tiene riesgos significativos,
permitir que ocupantes irregulares adquieran viviendas, podría interpretarse como una señal de tolerancia hacia la ocupación ilegal, lo que algunos críticos, consideran un incentivo al delito y una afrenta a la propiedad privada.
Además, la falta de claridad sobre cómo se gestionarán los casos con denuncias
por despojo o cómo se garantizará justicia para los acreditados originales alimenta
la percepción de que la medida premie la ilegalidad. Además, la implementación
depende de un censo detallado y de la transparencia en los procesos, algo que
históricamente ha sido un desafío para el Infonavit.
No cabe duda de que la intención de este programa para la regularización de vivienda
y evitar conflictos sociales, es buena, pues la crisis habitacional en México se ha
convertido en uno de los problemas sociales más apremiantes; ya que, a medida que la población continúa creciendo y la urbanización avanza, el acceso a viviendas dignas se torna cada vez más complicado, dejando a millones de mexicanos en una situación precaria.
Además, la falta de planes de desarrollo urbano adecuados y la especulación
inmobiliaria han llevado a un aumento desmedido en los precios de las
propiedades, que escapan del alcance de la población trabajadora, por eso
acaban abandonando sus viviendas y algunas personas sacan provecho de esto,
adueñándose de forma ilegal de los inmuebles.
También, se complica esta situación por la falta de financiamiento accesible que
facilite la adquisición de vivienda, muchas familias se encuentran excluidas debido
a requisitos complicados y a la falta de créditos hipotecarios que se ajusten a sus
necesidades. Esto crea un ciclo de pobreza que es difícil de romper, ya que sin un
hogar seguro, el acceso a la educación y a la salud se ve seriamente
comprometido.
Dicen por ahí que el camino al cielo está empedrado de buenas intenciones, como
este programa que puede llevar a muchas cosas buenas, sin embargo, su ejecución debe ser rigurosa para no vulnerar los derechos de los propietarios legítimos ni fomentar la impunidad. La clave estará en cómo se equilibren la justicia social y el respeto a la propiedad privada y el estado de derecho, ¿Qué opinan ustedes hipócritas lectores?
