Olimpia Coral Melo, activista poblana, tenía 18 años cuando su ex pareja afectiva, divulgó, sin su consentimiento un video privado de contenido sexual.
En 2014, promovió una iniciativa de ley que logró tipificar como delito la violencia digital y sancionarlo hasta de seis años de prisión. Esta legislación se ha replicado en 29 Estados de la Republica y en abril del 2021 también se aprobaron reformas a nivel federal para sancionar este tipo de violencia.
La Ley Olimpia, ha servido de modelo en otros países como Argentina, Chile, España y Panamá. La lucha de Olimpia Coral, incluso ha logrado la creación de herramientas digitales como la OLIMPIA IA, para ayudar a las víctimas de violencia digital en tiempo real.
Diana Luz Vázquez, comunicóloga y activista oaxaqueña, durante años padeció que el padre de su hija Sabina, ejerciera en su contra violencia económica y vicaria al desentenderse de sus obligaciones alimenticias.
Indignada por su propia experiencia y la de otras mujeres, impulsó la creación de una ley para castigar a deudores alimentarios y agresores vicarios.
La Ley Sabina, fue aprobada por primera vez en Puebla en 2023, posteriormente en Baja California y Oaxaca, establece sanciones para los padres o tutores que incumplan con el pago de pensiones alimenticias, tales como: La prohibición de ocupar cargos públicos mientras existan dudas pendientes; la retención de salarios, cuentas bancarias o bienes para cubrir los adeudos; y la creación de un registro público de deudores alimentarios morosos.
Ingrid Escamilla Vargas, una mujer poblana maestra en administración de empresas turísticas a los 25 años fue víctima de feminicidio a manos de su pareja sentimental, posteriormente las imágenes periciales del cadáver mutilado de Ingrid, fueron filtradas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, difundidas en medios de comunicación y redes sociales.
La inmensa indignación de muchas otras mujeres ante esta situación provocó que, en 2021, la entonces fiscal Ernestina Godoy (actualmente Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal), presentara ante el Congreso de la ciudad México, una iniciativa que culminó con la promulgación de la Ley Ingrid, que sanciona hasta con seis años de prisión y multa a la persona servidora pública que de forma indebida difunda, información reservada relacionada con delitos.
María Elena Ríos Ortíz, es una saxofonista oaxaqueña, que en 2019, fue atacada con ácido provocándole quemaduras de segundo y tercer grado en 80% de su cuerpo, después de una tortuosa recuperación; Melena ayudó a crear una ley en la que se tipifica el delito de ataque con ácido, a fin de hacerle justicia a todas las mujeres que lo han sufrido, en su mayoría, por parte de sus parejas sentimentales
Esta ley fue aprobada primero en el estado de Puebla, después en Ciudad de México, y los estados de Baja California, Quintana Roo, Nayarit, y recientemente, Guerrero. La ley es reconocida hoy día a nivel Latinoamérica como Ley Malena.
Olimpia, Malena y Dina Luz, convirtieron de la violencia que sufrieron en resiliencia, sororidad y lucha para crear leyes a fin de que otras mujeres no suframos nunca más las mismas violencias, para que los agresores sean puntualmente castigados.
Ingrid Escamilla, no tuvo la misma suerte, se quedó sin voz, para exigir justicia, porque la violencia hacía las mujeres es tan cruel y constante que incluso muertas se nos sigue violentando.
Gracias por todo su esfuerzo y dedicación, por brindarnos leyes que nos ayuden a vivir una vida menos violenta, por darnos el ejemplo de seguir luchando hasta nunca más una ley tenga que emanar de la violencia, hasta que nadie nos falte.
