El pasado 3 de diciembre se celebró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, proclamado por la Asamblea General de la Naciones Unidad en 1992. Posteriormente, en 2006, se llevó a cabo la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la que México participó como uno de los principales promotores.
Dicha convención tiene el carácter de de instrumento jurídico y obliga a los Estados parte a adoptar y desarrollar políticas de no discriminación y medidas de acción en favor de los derechos de las personas con discapacidad; además tiene como objetivo cambiar el paradigma del trato asistencialista permitiendo que puedan desarrollarse en igualdad de condiciones como parte de la sociedad.
En nuestro país, la comunidad de personas discapacitadas es aproximadamente de 20 millones según un censo del INEGI en 2022; sin embargo, todavía hay poca inclusión en los espacios públicos, es decir, faltan rampas, elevadores, transporte público adecuado y mecanismo de ayuda para personas con ceguera y sordera.
Por otra parte, ese mismo censo (INEGI 2022) reportó que en los centros penitenciarios de la república había 9 mil 461 personas con discapacidad siendo 9 mil 105 hombres y 356 mujeres. En el ámbito penitenciario, el rezago de políticas públicas y atención a los derechos humanos de las personas con discapacidad es mucho peor que en la población en general, pues, además del abandono que sufren de sus redes de apoyo, viven en cárceles sin adaptaciones para la movilidad, sin los servicios médicos especializados para sus padecimientos, se enfrentan a hacinamiento y carencias de insumos básicos como agua potable.
Los datos son realmente desalentadores cuando reportan que de cada 10 cárceles estatales y federales, solo tres tienes espacios adaptados para personas con discapacidad, aunado a que los problemas de insalubridad y hacinamiento provocan nuevas discapacidades incluso en personas que ingresaron sin tener una.
En un panorama ideal, los centros penitenciarios deberían contar con espacios incluyentes, servicios de salud especializados y personal calificado que permitiera un proceso de reinserción adecuado para las personas con discapacidad; no obstante, la realidad es totalmente contraria, los servicios e insumos básicos en las instituciones carcelarias son precarios para toda la población y en definitiva estas carencias afectan en mayor medida a las personas con discapacidades.
Además de implementar políticas públicas eficaces y destinar mayores recursos a mejorar las condiciones de las personas que viven privadas de la libertad y con una condición de discapacidad, es necesario que los procesos judiciales en los que intervengan se implementen protocolos especializados, ajustes razonables y ajustes al procedimiento, así como imponer penas alternativas en los casos que así lo amerite, a fin de evitar que más personas con discapacidad formen parte de la comunidad carcelaria.
Ante los cambios que se avecinan en sistema legal en mexicano, derivado de la reforma judicial, será un reto privilegiar la solución de conflictos sin formalismo procedimentales y resolver un plazo máximo de seis meses, como mandata nuestra Constitución; muy probablemente nos enfrentaremos a un problema de atraso, derivado de la curva de aprendizaje inevitable en los nuevos juzgadores, el panorama es incierto, pero de lo que si hay certeza es que vivir con una discapacidad en espacios poco incluyentes es difícil
y estando en prisión mucho más.
