El pasado 1 de marzo, los familiares de Miriam y Victoria, de 14 y 16 años respectivamente, acudieron ante las autoridades para denunciar que las dos jóvenes fueron privadas de la libertad por un grupo de hombres que ingresaron a la estética donde se encontraba, para después subirlas a un vehículo en el que se fueron; los denunciantes, incluso presentaron un video captado por la cámara de seguridad del lugar para demostrar estos hechos.
La falta de respuesta de las autoridades, provocó una intensa movilización de los pobladores de Santa Isabel Cholula, quienes con camiones y barricadas bloquearon la autopista y la carretera federal Puebla-Atlixco. Después de aproximadamente 15 horas de incertidumbre y caos vial, las jóvenes fueron localizadas sanas y lograron reunirse con sus familiares.
Posteriormente, la Fiscalía del Estado de Puebla, emitió un comunicado en el que informó que gracias a un operativo coordinado con la policía del Estado, lograron dar con el paradero de las adolescentes y, descartaron que se tratara de una privación ilegal de la libertad o de un secuestro; también, se señaló que Miriam y Victoria habían salido del lugar en el que se encontraban para irse con los sujetos en cuestión por su propia voluntad.
Esta última afirmación (que se fueron por propia voluntad), desató el enojo de algunos usuarios de redes sociales y activistas, incluso hubo quienes señalaron que las autoridades estaban revictimizando a las jóvenes.
Este tipo de indignación no es gratuita ya que son muchos los casos en los que se cuestionan a mujeres víctimas de violencias cuando acuden a denunciar o durante la tramitación del juicio. ¿Por qué estaba sola a esa hora? ¿Por qué estaba vestida así? Seguramente estaba borracha. Seguro se fue con el novio. Eso le pasó por viajar sola. ¡Ella lo provocó! ¡Ella se lo buscó!
Estas son algunas de las frases que lamentablemente se siguen escuchando en investigaciones y juicios donde las mujeres son víctimas de diversos delitos.
En el presente caso, con independencia de que Miriam y Victoria, hayan manifestado que se ausentaron por su voluntad, es obligación de todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, investigar y en su caso juzgar con perspectiva de género los hechos ocurridos.
Es decir, con un contexto amplio de la situación y no solo con lo que se obtenga “a primera vista”, es obligación de quienes procuran e imparten justicia valorar factores como la edad, la capacidad para consentir la situación, esto es, si realmente fue su voluntad libre de cualquier tipo de violencia ausentarse de esa manera, así como su condición cultural y socioeconómica, entre otras.
Efectivamente, juzgar con perspectiva de género, es una garantía real de acceso a la justicia, principalmente para las mujeres y, para ello es necesario que las nuevas personas juzgadoras tengan un visión sensible y humana que abarque todos los ángulos y experiencias que afectan a las partes involucradas en una situación legal.
El enfoque automatizado de resolver sin considerar más que las actuaciones que obran expediente del caso, ha provocado años de sentencias desiguales, poco justas y simplemente legales. La función jurisdiccional, ha sido concebida por mucho tiempo como la simple aplicación de la ley.
Y no me mal entiendan, por supuesto que las y los juzgadores deben aplicar la ley, pero resulta urgente cambiar la visión extremadamente formalista y de aparente neutralidad, por una más humana en la que se incorporen elementos que permitan lograr soluciones más reales y por ende justas, donde se trate cada caso con la sensibilidad debida y no solo como un cúmulo de papel sin rostro.
