El derecho a los cuidados ha emergido como un tema central en el debate público, reflejando una necesidad urgente de reconocer y garantizar el acceso equitativo a los servicios de cuidado como un pilar fundamental para el bienestar social. La ausencia de una legislación específica que contemple este derecho perpetúa desigualdades de género, económicas y sociales, afectando especialmente a mujeres, personas mayores, infancias y comunidades vulnerables.
En México, los cuidados, entendidos como las actividades esenciales para el sostenimiento de la vida, como el cuidado de menores, personas mayores, enfermas o con discapacidad, recaen mayoritariamente en las mujeres. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las mujeres dedican en promedio 39 horas semanales a labores de cuidado no remuneradas, en contraste con las 14 horas que destinan los hombres. Esta carga desproporcionada limita las oportunidades de las mujeres para participar plenamente en el mercado laboral, acceder a la educación o disfrutar de tiempo de descanso, perpetuando brechas de género y pobreza.
Por otro lado, el acceso a servicios de cuidado formales, como guarderías, centros de atención para personas mayores o servicios de salud, es limitado y costoso. Las familias de bajos ingresos, que representan una gran proporción de la población mexicana, a menudo carecen de opciones accesibles, lo que agrava la precariedad de quienes necesitan cuidados y de quienes los proveen.
Una legislación que contemple el derecho a los cuidados garantizaría que todas las personas tengan acceso a servicios de calidad, al tiempo que se reconoce el valor social y económico del trabajo de cuidado, remunerado o no. Esto implica no solo proveer infraestructura, como guarderías o centros de día, sino también establecer estándares de calidad y accesibilidad.
Al formalizar el derecho a los cuidados, el Estado puede implementar políticas públicas que redistribuyan la carga del trabajo de cuidado entre hombres y mujeres, promoviendo una corresponsabilidad que fomente la igualdad. Programas como licencias parentales equitativas o incentivos para la participación masculina en tareas de cuidado son ejemplos de medidas que podrían incluirse.
Una ley de cuidados garantizaría que las personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia tengan acceso a servicios dignos, reduciendo la carga sobre las familias y asegurando una atención profesional.
El reconocimiento del derecho a los cuidados no solo beneficia a las personas, sino también a la economía. Al liberar tiempo para que las mujeres participen en el mercado laboral, se incrementa la productividad y el crecimiento económico.
En los últimos años, México ha dado pasos importantes hacia el reconocimiento de los cuidados, sin embargo, la falta de una legislación específica que detalle su implementación ha limitado su impacto. Iniciativas como el Sistema Nacional de Cuidados, buscan crear una red de servicios integrales, pero aún enfrentan retos como la falta de presupuesto, infraestructura y coordinación interinstitucional.
Además, persisten desafíos culturales y estructurales. La idea de que el cuidado es una responsabilidad exclusivamente femenina sigue arraigada, y la precarización del trabajo de las personas cuidadoras remuneradas, como trabajadoras domésticas o enfermeras, refleja la necesidad de una regulación que dignifique estas labores.
La legislación sobre el derecho a los cuidados en México no es solo una demanda de justicia social, sino una inversión en el futuro del país. Al garantizar que todas las personas tengan acceso a cuidados dignos y que el trabajo de cuidado sea valorado y equitativamente distribuido, México puede avanzar hacia una sociedad más justa, igualitaria y sostenible.
