Cuando la vida se convierte en una cuenta regresiva y cada día que pasa se pierde el control sobre el cuerpo, sobre el tiempo y sobre el ser; cuando el dolor no tiene cura y la medicina se vuelve una prisión; cuando vivir sin sentido y saber que el último recuerdo que tus seres queridos tendrán de ti, es el de alguien que suplica por un poco de alivio, la compasión y el consuelo no son una opción, lo que se debe exigir es respeto. Respeto por la decisión, por la dignidad, por el derecho que, todos deberían tener, a elegir cómo y cuándo decir adiós.
En México, la Ley General de Salud, establece el derecho de los pacientes en etapa terminal a renunciar, abandonar o negarse en cualquier momento a recibir o continuar su tratamiento, sin embargo, el auxilio o inducción a la muerte, se sanciona imponiendo de uno a cinco años de prisión, lo que se traduce en la prohibición de la eutanasia.
Ante esta situación han surgido iniciativas como la propuesta para la creación de la Ley Trasciende, impulsada por la activista Samara Martínez, quien vive con una enfermedad en etapa terminal, que busca reformar la Ley General de Salud y el Código Penal Federal, para permitir la eutanasia en casos de enfermedades terminales, condiciones irreversibles o agonía. Otra iniciativa, es la presentada por la Asociación Libertad para Morir, que propone regular el procedimiento, estableciendo requisitos para el paciente y garantizando su decisión voluntaria y razonada.
Estas propuestas, plantea que la eutanasia sea definida como “el acto deliberado de poner fin a la vida de un paciente que padece una enfermedad terminal o una condición médica irreversible, a petición expresa y voluntaria”.
El proyecto establece que deben existir ciertas condiciones para su procedencia tales como: Que exista la voluntad expresa libre, autónoma, reflexiva y consciente del paciente; que la petición se sustente en un padecimiento o enfermedad preexistente grave, incurable que cause un sufrimiento físico o psíquico insoportable sin posibilidad de alivio.
En cuanto a los mecanismos para su ejecución, se prevé que la acción sea realizada por un médico o profesional de la salud, quien administre fármacos para causar una muerte digna, segura y sin dolor. De igual forma, establece la objeción de conciencia para el personal médico que decida no participar en el procedimiento.
No obstante, la propuesta también enfrenta fuertes críticas. La Iglesia Católica, representantes de organizaciones provida y algunos grupos ciudadanos han rechazado categóricamente la iniciativa.
El proyecto deberá superar un largo proceso legislativo antes de llegar a materializarse, por ende, actualmente su futuro es aún es incierto. Tiene a favor la apertura social, respaldada por la opinión pública y el impulso de la legislatura actual, pero enfrenta el rechazo de organizaciones conservadoras que ven la medida como una amenaza al derecho a la vida.
En medio de este debate, algunos insisten en fortalecer los cuidados paliativos, mientras que otros, principalmente defensores de los derechos humanos y asociaciones médicas, reclaman el deber de respetar la autonomía del enfermo. La discusión, por tanto, se perfila como una batalla no solo legal, sino también moral, en la que se enfrentan dos visiones del valor humano y el papel del Estado en las decisiones sobre la propia muerte.
¿Debería México legalizar la eutanasia? Yo opino que es urgente y necesario, pues no se trata de quitarle valor a la vida, sino de reconocer que la dignidad humana también tiene un límite, y que el dolor puede volverse inhumano. La eutanasia, debe considerarse como el derecho humano de elegir morir dignamente.
