El Rancho Izaguirre, en el Municipio de Teuchitlán, Jalisco, fue por mucho tiempo un lugar que pasó desapercibido por los vecinos del lugar, sin embargo, en septiembre de 2024, la Guardia Nacional, registró el predio y en un violento operativo logró el arresto de 10 personas, el rescate de dos secuestrados y el hallazgo de un cadáver.
Una vez concluidas las investigaciones de las autoridades, el grupo “Guerreros Buscadores de Jalisco” inspeccionó el lugar y denunció que se trataba de un campo de adiestramiento del Cartel de Jalisco Nueva Generación, donde también había hornos crematorios; asimismo, mostraron imágenes de miles de zapatos, ropa y pertenencias de presuntas víctimas de este grupo criminal.
Días después, circuló un video en varios medios de comunicación, en el que supuestamente un líder del CJNG, desmiente que el mencionado rancho fuera un lugar de adiestramiento criminal y exterminio.
Ante estos hechos el Gobernador del Estado de Jalisco, asistió a una reunión con el Gabinete de Seguridad en Palacio Nacional y, a su salida indicó que la estrategia era simple y sencilla “decir la verdad sobre los sucesos en Teuchitlán”, sin precisar cuál era esa verdad.
Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, instruyó al titular de la Comisión Nacional de Búsqueda Arturo Medina, que no escatimar en esfuerzos y recursos para la localización de las personas desaparecidas, así como para apoyar a las víctimas a sus familiares y garantizar que las desapariciones no queden impunes.
Conforme a lo anterior, Arturo Medina, anunció que dicha Comisión contara con equipos técnicos como rastreadores electrónicos y drones para localizar a personas desaparecidas y enfatizó que la búsqueda de personas desaparecidas en una tarea del Estado, pero también una causa de humanidad y justicia.
Todo lo anterior, desató una batalla de opiniones de diversos actores políticos y sociales, en la que básicamente se repartían culpas y reproches, como merolicos de feria, pero al final y como siempre sucede en estas cruzadas de redes sociales, “nadie supo dónde quedó la bolita”, es decir, no se resolvió alguno de los muchos problemas que la desaparición de personas genera en nuestro país.
Poner en tela de juicio lo que unos dijeron, cuestionar lo que otros vieron, minimizar el descubrimiento de ese lugar y las imágenes que ahí se captaron, nos desvía por completo del tema principal que es admitir que, hasta el momento, ni las autoridades, en sus diferentes ámbitos de competencia ni la sociedad ni los medios de comunicación hemos logrado estar a la altura de las circunstancias.
No se ha logrado una empatía genuina para acompañar a las víctimas ni generar las condiciones necesarias para que obtengan la justicia que exigen y que desde luego merecen con urgencia.
Antes de cualquier discurso jurídico y político lo principal es entender que nos falta como sociedad frente a los años de insensibilización constante a la violencia, pues entender y nombrar el problema de raíz, genera soluciones integrales y efectivas.
Todos perdemos cuando la violencia y la crisis de desaparición de personas se vuelven solo una disputa política, como sociedad tenemos la obligación de exigir justicia así como instituciones y políticas publicas eficientes para la investigación y sanción de las desapariciones, pero de nada sirve levantar la voz con una crítica vacía que solo busca enfrentarnos como sociedad y culpar a los de hoy o los de antes. El llamado debe ser enérgico, pero también empático, sensible y sobre todo responsable e informado, pues si no sabemos cuáles son nuestros derechos y quienes son los responsables de protegerlos jamás estaremos en posibilidad de exigir que se cumplan.
