Considerado popularmente como el oficio más antiguo del mundo, el trabajo sexual se ha practicado desde los orígenes de las civilizaciones, la primera mención de este fenómeno se encuentra en registros sumerios que datan del año 2400 a.e.c. También, en las antiguas Roma y Grecia existen registros de cómo se practicaba esta actividad de manera pública y legal.
El pasado 2 de junio, personas que se dedican al trabajo sexual marcharon por el centro de la capital del país para exigir el reconocimiento legal de su labor, el acceso a la seguridad social y el cese de la violencia en su contra.
Esta movilización se llevó a cabo en conmemoración del Día Internacional de la Trabajadora Sexual, al cumplirse 50 años de la protesta que se suscitó en Francia en 1975, cuando más de 150 mujeres ocuparon una iglesia para exigir mejores condiciones laborales y sociales.
Entre los principales y más fervientes reclamos de quienes se manifestaron en la CDMX está que los asesinatos de muchos de sus colegas se mantienen impunes. De igual forma, exigieron el pleno reconocimiento de sus derechos laborales y sociales.
Es una realidad que el tema de los derechos de las personas trabajadoras sexuales ha ganado relevancia en las últimas décadas, especialmente en el contexto de la lucha por la igualdad, la dignidad humana y la protección contra la explotación ya que es una labor íntimamente ligada a la trata de personas.
Resulta fundamental distinguir entre trabajo sexual consensuado y la trata de personas, si bien muchas personas eligen trabajar en esta industria de forma voluntaria, lo cierto es que la criminalización del trabajo sexual puede aumentar la vulnerabilidad de estos trabajadores, ya que los empuja a operar en la clandestinidad, lo que dificulta la protección legal y beneficia a los tratantes que buscan aprovecharse de personas en situaciones precarias.
Mientras el trabajo sexual siga siendo criminalizado y exista una falta de reconocimiento legal que coloque a este gremio en una posición menos vulnerable, continuaran siendo susceptibles a abusos por parte de clientes, proxenetas e incluso de las fuerzas del orden.
Otro aspecto crucial en la defensa de sus derechos es eliminar el estigma asociado a este oficio, que a menudo conduce a la marginación social y a la negación de servicios básicos, como atención médica y apoyo social, debido a que frecuentemente son juzgadas a través de un prisma de moralidad, que les impide tener acceso a servicios de salud adecuados, incluyendo pruebas de enfermedades de transmisión sexual y apoyo psicológico.
Además, la criminalización de este trabajo también es un impedimento para que busquen atención médica por miedo a ser denunciadas o extorsionadas, por lo tanto, es necesaria la implementación de políticas de salud pública libres de discriminación.
A nivel internacional, varios organismos han comenzado a reconocer la importancia de proteger los derechos de las personas trabajadoras sexuales. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otras entidades han instado a los gobiernos a considerar la regulación de este trabajo como un medio para garantizar derechos laborales, acceso a servicios de salud y protección contra la violencia; pero, la implementación de estas recomendaciones varía significativamente entre países, y muchos continúan adoptando enfoques punitivos que perpetúan la vulnerabilidad de estas trabajadoras.
La desestigmatización de este trabajo y el acceso a servicios de salud son pasos fundamentales para garantizar la dignidad y seguridad de quienes se dedican al que se dice es el oficio más antiguo del mundo, pero que sin duda requiere de mecanismos más modernos para la protección de sus derechos.
