Cholula fue un importante centro ceremonial en la época prehispánica. Su nombre en náhuatl, “Cholollan”, significa “despeñarse el agua” y hace referencia a las aguas que caen en el lugar.
Para los cholultecas, el agua simbolizaba la fertilidad y regeneración. En aquellas épocas, era controlada y distribuida por sus pobladores mediante avanzadas técnicas hidráulicas, como canales y acueductos, para la agricultura y el sustento de la ciudad. Lamentablemente, hoy el pueblo cholulteca ya no es dueño de ese preciado líquido.
Por tal razón, las comunidades indígenas de la región cholulteca y habitantes de los municipios de San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, Nealtican y Xoxtla se han unido para recuperar el control del agua, desatando protestas como la ocurrida el pasado martes frente a las oficinas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
La problemática surge de las concesiones de agua otorgadas a la empresa Concesiones Integrales (Agua de Puebla), lo que ha generado la sobreexplotación de los recursos hídricos, dejando a las comunidades locales con desabasto, mientras el líquido vital se destina mayoritariamente a la capital poblana y a desarrollos inmobiliarios como Lomas de Angelópolis.
En 2013, el Gobierno del Estado otorgó la concesión del servicio de agua potable, drenaje y saneamiento a Concesiones Integrales. Las críticas no han cesado desde entonces. La privatización, que abarca los municipios de Puebla, San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, Cuautlancingo y Amozoc, prometía mejorar la eficiencia del servicio y modernizar la infraestructura.
Sin embargo, más de una década después, los resultados son desalentadores: cortes frecuentes, aumento de tarifas y una infraestructura en deterioro que ha alimentado el descontento social.
En la región de Cholula, la situación es particularmente grave. Por ejemplo, en Acuexcomac (San Pedro Cholula) operan cinco pozos que extraen 9 mil 500 millones de litros al año, y en San Andrés Cholula, 10 pozos aportan otros 9 mil 500 millones. Pero, irónicamente, las comunidades locales enfrentan escasez, mientras que la mayor parte del recurso se destina a grandes fraccionamientos residenciales poblanos.
La extracción masiva de agua ha provocado el secado de ríos y manantiales emblemáticos, como El Batán en Santa María Acuexcomac y el Atenco en San Antonio Cacalotepec, afectando no solo el acceso al agua, sino también el equilibrio ambiental.
Otra gran batalla que libran los pueblos cholultecas por el cuidado y preservación del agua en su región son las secuelas del relleno sanitario intermunicipal de San Pedro Cholula, que desde 2016 sirvió como destino final de residuos sólidos para 21 municipios de la zona. Hoy está cerrado, pero dejó severos daños en los mantos acuíferos por las profundas excavaciones y la acumulación de lixiviados (líquidos provenientes de la descomposición de basura).
La contaminación, el cambio climático y la privatización de recursos hídricos amenazan el acceso a este recurso esencial, sobre todo para las comunidades originarias. De ahí la importancia de que las autoridades reconozcan y garanticen sus derechos en la toma de decisiones sobre la distribución y cuidado del agua, pues su conocimiento tradicional y prácticas sostenibles ofrecen valiosas lecciones para la gestión del agua en un contexto global cada vez más amenazado por la crisis hídrica.
El agua es un elemento central en la vida de las comunidades originarias. En consecuencia, antes de emitir cualquier acto que pueda afectar su región hidrológica, el Estado debe garantizar su participación en la toma de decisiones y la protección de sus derechos de propiedad y posesión. Así como Zapata decía que la tierra es de quien la trabaja, yo creo que el agua es de quien la cuida, ama y venera.
