Todavía no se recupera del golpe brutal que sufrió en el Congreso del estado al caerse la aprobación del cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP) para el municipio de Puebla -que se llevó entre los pies a los ayuntamiento de San Andrés y San Pedro Cholula- y la gestión de Eduardo Rivera Pérez anunció la contratación de un crédito y la entrega de la concesión del servicio de alumbrado público a un particular.
Esta maniobra es una muestra de que en el gobierno municipal existe una especie de autismo político respecto a lo que ocurre en el ámbito en que se desenvuelve.
¿Qué pasó para que el cobro del DAP fuera negado por el Congreso del estado a Puebla y las Cholulas? Una sola cosa: soberbia y ausencia de oficio político.
Eduardo Rivera Pérez era uno de los más interesados en que dicho cobro se regularizara pues representaría un ingreso extra de 140 millones de pesos a las arcas municipales.
La ruta para conseguirlo comenzó correctamente: El coordinador del PAN en el Congreso del estado, Eduardo Alcántara Montiel, fue el responsable de llevar la discusión a la tribuna al presentar una iniciativa al respecto. (En otra ocasión le platicaba que esa acción correspondió a una instrucción del dirigente nacional panista Marko Cortés Mendoza como una forma de limar asperezas entre los diferentes grupos enconados al interior del partido).
El tema fue respaldado por la fracción del PRI, ya que representaba la oportunidad de oro para que, de una vez por todas, se diera certeza jurídica, se apoyara a los municipios a obtener un ingreso adicional que no fuera lesivo para los ciudadanos y, sobre todo, asumir un actitud de responsabilidad jurídica ante los reveses que la Corte ha dado a legislaturas anteriores por la inconstitucionalidad en el cobro.
Todo caminaba a la perfección. Poco a poco las diferentes fracciones legislativas respaldaron la propuesta y el tema escaló al gobierno del estado, en donde se entendió claramente que era una medida que, si bien representaba un cierto costo político, también era muy benéfica en muchos sentidos.
Sin embargo, a la par del respaldo casi natural que se dio a la iniciativa en el gobierno de Eduardo Rivera Pérez las cosas no estaban de todo claras. El primer foco de alerta se prendió cuando la oposición morenista en el Cabildo de Puebla, con el respaldo de los morenistas antibarbosistas en el Congreso del estado, comenzaron a vender una mentira: que se trataba de un nuevo impuesto que laceraría el bolsillo de los ciudadanos.
La respuesta de la Comuna fue el silencio sepulcral.
La narrativa opositora continuó y ganó más terreno.
Mientras los legisladores hacían su trabajo, el Ayuntamiento de Puebla simplemente sacó las manos de la operación política, la socialización del tema y la construcción de un discurso mediático que ayudara a hacer contrapeso y vender los aciertos de la iniciativa.
A unas semanas de que se llevara el tema a las comisiones hubo una importante reunión en la que participaron los principales coordinadores de las fracciones en el Congreso local, el alcalde Eduardo Rivera y la figura que representa el epicentro del poder en la entidad.
Uno a uno, los coordinadores mostraron su adhesión y garantizaron el respaldo de sus bancadas. El problema surgió cuando tocó el turno al PAN. Allí, el edil reconoció que todavía no contaba con todos los votos de sus compañeros por lo que estaba en vías de construir un acuerdo.
La respuesta que recibió fue tajante: Si el PAN no garantizaba el apoyo unánime, Morena, el PRI, el PT y demás bancadas no pagarían el costo político.
Lo lógico era que, al salir de la reunión, comenzara un intenso cabildeo por parte del alcalde y sus operadores, pero no fue así. Por el contrario, se atrincheraron en la Comuna e intentaron maniobrar con una estrategia equivocada. Por ejemplo, pusieron sobre la mesa que Rafael Micalco Méndez fuera designado como el nuevo coordinador de la bancada en el Congreso local a cambio de que ayudara a generar el consenso, pero más tardaron en hacer la propuesta en que el diputado local saliera a declarar en contra del DAP.
Luego, Eduardo Rivera comprobó de primera mano que la contienda interna para la renovación de la dirigencia estatal y la eclosión al interior del panista había dejado una polarización más grave. Sus antiguos aliados como Mónica Della Vecchia decidieron asumir un papel opositor con la finalidad de presionar para una negociación política. A ella se sumaron otras legisladores que forman parte del grupo de Genoveva Huerta Villegas. Incluso, antiguadas aliadas del edil fueron ignoradas.
Eduardo Alcántara y Oswaldo Jiménez se mantuvieron hasta el final en su compromiso por respaldar al alcalde bajo la premisa de que en política los pactos son para cumplirse.
Un caso especial fue la diputada Aurora Sierra. Fue otro de los golpes más fuertes que la administración riverista recibió en el proceso. Solo bastó que la diputada subiera a la tribuna y desglosara una inteligente y lúcida argumentación ciudadana sobre la medida. Ese discurso desnudó la ausencia total de contenido, discurso u rumbo de la Comuna poblana y dejó en claro el peso específico de cada actor que participó en la discusión.
Un día antes de la votación en el pleno, ocurrida el 23 de diciembre, la Comisión de Patrimonio y Hacienda Municipal aprobó el dictamen de los 143 municipios involucrados en el cobro del DAP, pero con una modificación: Se aplicaría una fórmula general para todos los ayuntamientos, ya que no daba tiempo de analizar por separado la iniciativa presentada por Rivera Pérez y que consistía en una fórmula diferente y más ambiciosa.
La medida provocó que las estimaciones presupuestales de la capital por el DAP se redujeran a 100 millones, es decir, de un plumazo perdieron 40 millones.
Pese a esa situación, la iniciativa continuó su trámite. Con el espaldarazo de la Comisión de Hacienda, encabezada por Jorge Estefan Chidiac, lo único que faltaba era que Eduardo Rivera coronara todo con una negociación directa con los diputados de su partido y obtener el consenso.
Al día siguiente, en la sesión extraordinaria parecía que todo caminaba sin contratiempos. Al menos eso fue lo que dejó ver la aprobación del Código Fiscal para el Municipio de Puebla en el que se aprobaba el cobro del DAP e incluía un estimulo de 93.5% para los contribuyentes, de ahí que pagarían unos 8 pesos bimestrales.
Pero fue justo la votación registrada en ese punto de la orden del día lo que desató los demonios al interior del Congreso del estado. No había un respaldo unánime de la fracción del PAN, es decir, el acuerdo específico para respaldar el cobro no se cumplió por parte del edil.
La zozobra llegó.
El PRI se sumó a la inconformidad de Morena y el PT.
Hasta Néstor Camarillo, dirigente estatal del tricolor y uno de los aliados más fuertes del presidente municipal, estaba contrariado.
Los minutos trascurrieron.
El receso al que se convocó se volvió eterno.
Y fue en ese momento en que Rivera Pérez cometió un error más: enviar el mensaje equivocado a la persona más importante.
La respuesta no tardó en llegar: La puerta se había cerrado por completo. Ya no había margen a ningún acuerdo ni apoyo.
Poco después, al reiniciarse la sesión, el PT presentó la petición de no autorizar el cobro del DAP al municipio de Puebla pese a que otras 140 alcaldías ya habían sido validadas.
En esa intervención fue cuando se supo que en la propuesta también estaban incluidos San Pedro y San Andrés Cholula, los otros dos bastiones panistas. Allí, entonces, quedó a la luz la magnitud del mensaje equivocado que Rivera Pérez mandó.
El efecto cascada era imparable.
Al interior del estado procedería el DAP, pero en Puebla y las dos Cholula se evitaría por una sencilla razón: Morena y las demás fracciones no pagarían el costo político de una medida que favorecería exclusivamente a Eduardo Rivera.
Si el DAP se aprobaba la idea sería que el gran ganador era el munícipe y que hasta el Congreso local estaba de su lado.
El mensaje de regreso para el alcalde estuvo a la vista de todos.
Es ocioso afirmar que Eduardo Rivera no es el candidato del epicentro de la 4T en Puebla y que este mazazo en el Congreso local lo confirmó.
Rivera Pérez nunca ha sido el candidato, ni el gallo ni el delfín.
¿Pudo haber logrado la aprobación del DAP? Sí, siempre y cuando hubiera demostrado que cuenta con los hilos de su partido en la mano y, ante el ambiente tan polarizado en su partido, requería de negociación, negociación y más negociación.
La realidad se impuso.
Lalo Rivera simplemente pagó el costo de asumir una política autista dentro y afuera de su partido.
Si a eso le sumamos la soberbia, el coctel es peor.
Así pues, Eduardo Rivera todavía no se recupera de descalabro político de fin de año e insiste en mantener vivo el tema.
Muestra evidente de que siguen sin entender.
