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sábado, enero 8, 2022
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El costo político de 100 mdp

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Tras conocerse la forma en que el Congreso del estado dará salida al cobro del Derecho de Alumbrado Pública, no queda duda que Eduardo Rivera Pérez fue el gran perdedor en esta discusión y sus adversarios pueden ufanarse de recibir un triunfo en bandeja de plata.

La apuesta del alcalde de Puebla era recuperar 140 millones de pesos que este año no se recaudaron del DAP debido a que la Corte estableció la inconstitucionalidad en la estandarización del monto del 6 por ciento para todos los ciudadanos, lo cual resulta inequitativo.

Para saltar esta restricción, el PAN en el Congreso del estado presentó una iniciativa para discutir la elaboración de una fórmula que permitiera el cobro, eliminara el porcentaje general y el monto corresponda al cruce de factores como los niveles de urbanización, grados de marginación y otros conceptos que atraviesan cada colonia y calle de la ciudad de Puebla.

Como se puede entender, no se trataba de un asunto sencillo por todas las variables a tomar en cuenta, pero se pretendía poner fin a una discusión que lleva más de dos décadas activa.

La propuesta, no debemos olvidar, surgió de la bancada panista debido a la petición expresa del líder nacional Marko Cortés Mendoza para que los diputados locales acompañaran al alcalde en su objetivo y se enviara una muestra de respaldo que ayudara a aminorar la guerra intestina que se vive en ese partido.

Hasta ahí todo caminaba a la perfección.

El problema surgió cuando el tema fue utilizado con un evidente lucro político por parte de los grupos que encabezan el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier Velazco; el senador Alejandro Armenta Mier y la exalcaldesa Claudia Rivera Vivanco.

Con medias verdades y mentiras rotundas, esos grupos impusieron una narrativa que pegó en la ciudadanía. La primera y más importante era que Eduardo Rivera pretendía crear un nuevo impuesto que laceraría los bolsillo de los ciudadanos que, de por sí, se encuentran muy castigados a consecuencia de la pandemia.

El tema se desbordó al llegar al Cabildo de Puebla. Los opositores siguieron con su cantaleta, mientras que los panistas diseñaron una formula específica para el cobro en el municipio capitalino.

Todo terminó por complicarse cuando en el Congreso del estado cayeron en cuenta que la gestión riverista no quería mover un dedo para hacer frente a la campaña negra sobre el tema.

Las bancadas de Morena, el PRI, PAN y PT, principalmente, comenzaron su trabajo para sondear con el resto de los municipios que gobiernan su interés por sumarse al cobro del DAP. Eso permitió que los ayuntamientos del interior del estado pusieran orden jurídico, pues había administraciones que realizaban la recaudación sin tener facultades y los disfrazaban con convenios de colaboración con la Comisión Federal de Electricidad.

Ante el impacto de la iniciativa, el gobierno del estado participó con el suministro de mayor información a alcaldes, síndicos y tesoreros para que la compartieran en sus cabildos y, a través de un trabajo colegiado, decidieran si incorporaban o no el concepto en sus leyes de ingresos de 2022.

Mientras la operación de las bancadas se realizaba, crecía la inconformidad de los legisladores, quienes veían como el Ayuntamiento de Puebla seguía sin mover un dedo para contrarrestar la campaña negativa que ya había comenzado a afectarlos.

A los pocos días, los diputados se percataron que Eduardo Rivera pretendía transferir el costo político a otras instancias y nadar de muertito ante la creciente impopularidad del DAP.

Luego vinieron los desencuentros públicos entre el alcalde y los legisladores. Mientras Eduardo Rivera aseguraba que tenía amarrados los votos para que su propuesta pasara sin problemas, el líder del Congreso y la presidenta de la Mesa Directiva, Sergio Céspedes Peregrina y Nora Merino Escamilla, respectivamente, corrigieron públicamente al presidente municipal al señalar que la última palabra la tendría la LXI legislatura.

Todo se resumió en la frase: Lalo Rivera propone, pero el Congreso es el que decide.

El gobernador Miguel Barbosa Huerta también opinó sobre la iniciativa y exhibió las mentiras que se habían difundido sobre el DAP. Pese al espaldarazo público, Eduardo Rivera seguía callado como momia.

Al final, la Comisión de Hacienda -que apoyó en un inicio al edil capitalino- determinó que solo se aplicará una fórmula para el cobro del DAP, lo que significó enterrar la propuesta del municipio de Puebla. La medida no es tan simple, ya que el nuevo mecanismo incluye una reducción de 40 millones de pesos a las estimaciones iniciales de recaudación.

En otras palabras: Eduardo Rivera perdió de un plumazo casi el 30 por ciento de los ingresos que tenían considerados en 2022 por concepto del DAP.

Así pues, el resumen en sencillo.

Eduardo Rivera fue el gran perdedor en la discusión del DAP:

Se peleó con el Congreso, sus opositores lo exhibieron como un edil que cobrará un “nuevo impuesto”; la clase política confirmó las sospechas que tenía sobre el carácter acomodaticio del munícipe; la bancada panista se quedó colgada de la brocha y, al final del día, tendrá menos recursos de los que pensaba recaudar.

Un fracaso redondo.

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