Algo apesta en el Ayuntamiento de San Pedro Cholula, sumido en el caos presupuestal, político, administrativo, de gobernabilidad y seguridad pública.
La alcaldesa Paola Angón Silva no ata ni desata, mientras que el municipio está pagando muy caro el costo de su inexperiencia política y de gobierno.
Primero fue su sobrino Jorge David Rosas Armijo, el encargado de crear el modelo de gobierno que encabezaría.
Cinco meses después rompió relaciones debido a intrigas palaciegas, auspiciadas por su pareja sentimental José Luis Carpinteyro Lazcano, quien ahora es el encargado de dar vida al Frankenstein cholulteca.
Pero, el marinista Carpinteyro Lazcano se enfrentaba a su ignorancia en materia de modelos de gobierno, por eso se hizo de los servicios de Gerardo Ruiz Bermúdez, exdirector del Instituto Municipal de Planeación en la gestión de la morenista Claudia Rivera Vivanco.
Ahora, desde esta nueva lógica, todos los jugosos negocios pasaran por sus manos, pero será a un costo muy alto para el municipio.
¿Por qué? Pues porque la a ruptura trajo como consecuencia la radicalización del caos en el gobierno.
Rosas Armijo había planteado una lógica de operación administrativa que -a la luz de los meses se entiende- permitía consensos entre los grupos de poder. A Carpinteyro, por ejemplo, le dejaba el control de la obra y los servicios públicos, protección civil, la sindicatura y la mina de oro que representa el sistema operador de agua potable.
Por el contrario, el grupo de Armijo controlaría todo el ámbito administrativo y financiero, incluidas las adjudicaciones. Eso llevaba a un reparto equilibrado de los negocios de la Comuna.
Pero todo se rompió por el hilo más delgado.
Ahora, Gerardo Ruiz tiene en sus manos la difícil tarea de reacomodar el presupuesto al antojo de José Luis Carpinteyro, a quienes sus amigos y cercanos conocen como La Chiva.
Esa situación trajo un problema mayor que ya puso a Paola Angón bajo la lupa de la Auditoría Superior del Estado: en los cinco meses de este año, el Cabildo no ha conocido los estados financieros de origen y aplicación de recursos. ¿La causa? El presupuesto de egresos municipal no ha sido publicado en el Periódico Oficial del Estado, lo que significa que no existe.
¿Cómo pueden asignar montos y partidas a áreas de gobierno sin tener un presupuesto? La respuesta es sencilla: No pueden. Existe un presupuesto de egresos aprobado por el Cabildo en los últimos días de diciembre de 2021, pero mientras no sea publicado en el Periódico Oficial del Estado no tiene la categoría de ley.
Ahora, la Comuna panista pretende que los 13 regidores aprueben no solo el presupuesto de egresos modificado sino también los estados de origen y aplicación del primer trimestre del 2022.
La petición no es sencilla: los cabildantes están en una grave disyuntiva, pues la aprobación del documento terminaría con el caos administrativo, pero podrían ser sujetos de responsabilidades porque se avalaría el uso discrecional de recursos públicos por cinco meses.
Las autoridades, de acuerdo con la máxima de la responsabilidad de los servidores públicos, solo pueden hacer lo que la ley les faculta. Si Paola Angón utilizó dinero para un concepto que no estaba aprobado, entonces, estaríamos frente a un caso de posible desvío de recursos y daño patrimonial.
¿Cómo le harán para justificar que el presupuesto fue modificado y las partidas fueron utilizadas con base a la nueva distribución de recursos que no ha sido todavía aprobada por el Cabildo?
Sin duda, la nueva auditora Amanda Gómez Nava tiene un caso muy singular para analizar y proceder en consecuencia: El ayuntamiento de San Pedro Cholula ha gastado dinero sin que exista una ley que lo avale, mientras que los regidores avalarían el uso de recursos sobre una base presupuestal que no fue autorizada originalmente.
¡Vaya lío!
Para sumar otros problemas a la situación, basta con hacer una revisión a los documentos que la gestión de Paola Angón subió a la página de transparencia municipal -pese a que no han sido autorizados- para confirmar que ya hay recursos utilizados sin que mediara la aprobación del Cabildo en la modificación presupuestal.
El presupuesto de egresos aprobado asciende a 548.5 millones de pesos, pero fue modificado a la baja por 547.7 millones. Primera pregunta: ¿Dónde quedaron los 758 mil 226 pesos de diferencia?
Para el primer trimestre del 2022, según el documento, la administración de Angón Silva tiene comprometidos y/o devengados 101.3 millones, mientras que los recursos ejercidos y pagados ascienden a 100.8 millones. ¿Quién autorizó ese manejo o en qué se basó la gestión cholulteca para determinar que ese debía ser su uso?
Otro conflicto: el Sistema Operador del Servicio de Limpia.
Para los regidores de Morena, este 2022 no había un peso asignado, pero en el presupuesto modificado se le entregaron 38.6 millones. Para los meses de enero y febrero, los recursos devengados y pagados ascienden a 2.5 millones. ¿Quién aprobó ese gasto?
Al hacer una revisión a la modificación presupuestal también saltan más dudas y queda claro que hay un evidente manejo de cifras para proteger a José Luis Carpinteyro, así como meter mano en la bolsa de quienes no son aliados.
De entrada, queda claro que Rosas Armijo creó un presupuesto que pudiera ser todo el tiempo movible, de acuerdo con las necesidades y negocios. De lo contrario, cómo se puede justificar que la Secretaría de Gobernación tuviera un presupuesto de 10 mil 820 pesos y ahora se pretenda quedar en 1.7 millones.
Un área capital es la Secretaría de Bienestar. En el presupuesto original se estimaba una partida de 9.4 millones, pero ahora se proponen 26.8 millones; Seguridad Pública de 34.9 a 68.7 millones; la Consejería Jurídica de 102 mil 638 a 2.2 millones, entre otros.
Mención especial merece Infraestructura y Servicio Públicos, cuya secretaría es encabezada por el sobrino de Carpinteyro Lazcano. El presupuesto original ascendía a 136.6 millones, pero ahora se propone que quede en 63.1 millones, es decir, habrá una drástica caída en la obra pública municipal.
Por el contrario, Protección Civil (área que controla) recibirá un incremento al pasar de 366 mil pesos a 2.6 millones. En tanto, Desarrollo Urbano (otra de las secretarías que pretende acaparar) pasará de 2 millones a 4.2 millones.
El grupo de Carpinteyro, a través de Gerardo Ruiz, también tendrá modificaciones a sus bolsa. La Secretaría Técnica pasa de 1.4 millones a 974 mil 345 pesos; mientras que la Secretaría de Finanzas reducirá su presupuesto de 42.9 a 34.5 millones.
Pero, la Tesorería -dependencia a la que pronto le hincarán el diente- quedaría con un alza de 37.9 a 49.3 millones. Planeación también crecerá, al pasar de 194 mil pesos a 2.2 millones.
Otra de las simulaciones será la de asignar cero pesos a la Presidencia Municipal. Eso solo es una falacia, ya que los 1.5 millones se trasladarán a la Dirección de Giras que tendrá 1.7 millones.
Pese a la feria de números que pretenden imponer a los regidores, la administración panista tiene un solo propósito: cuadrar los negocios a la nueva realidad.
Es por eso que la lógica del nuevo presupuesto no radica en qué dependencia recibirá más o menos recursos sino en quién es el encargado de asignar los contratos. Ahí está el verdadero negocio.
Al tiempo.
