El conflicto que vive la Universidad de las Américas Puebla entró al farragoso terreno de los leguleyos. Al menos, eso es lo que se desprende del berrinche que hicieron los Jenkins de Landa, la rectora interina, Cecilia Anaya Berrios, y la ultraderecha que auspician el movimiento #UdlapLibre.
Como en todo conflicto, siempre hay dos versiones. Pero cuando las evidencias muestran contradicción es bueno puntualizarlo.
Veamos: La principal consigna del clan Jenkins y sus paleros de la derecha era la reapertura del campus de la Udlap, lo que significaba que el inmueble se pusiera en manos de las autoridades legalmente reconocidas.
Pues bien, de acuerdo con las resoluciones judiciales vigentes hasta el momento, la Fundación Udlap se encuentra en poder de Margarita Jenkins de Landa, quien funge como presidenta del patronato y decidió nombrar como rectora interina a Cecilia Anaya.
El patronato y los directivos de la institución son los encargados de operar las cuentas bancarias de la institución para el pago de salarios del personal docente y administrativo. Pero existe una denuncia penal por el delito de malversación de fondos, fraude, delincuencia organizada y los que resulten en contra del exrector Luis Ernesto Derbez Bautista, sus exvicerrectores, así como el abogado Virgilio Rincón Salas, debido a que desfalcaron a la institución por más de 200 millones de pesos, a través de empresas fantasma.
La cloaca del exsecretario de Relaciones Exteriores provocó que las cuentas y recursos de la institución se encuentren bajo el escrutinio permanente de los tribunales.
Una pregunta toral en esta disputa es: ¿El campus de la Udlap a quién le pertenece? Las actuaciones judiciales vigentes determinaron que forma parte del patrimonio de la Fundación Mary Street Jenkins. Es ahí donde proviene el principal conflicto ya que la institución se encuentra descabezada, una vez que los integrantes de la familia Jenkins de Landa se encuentra prófugos ante las órdenes de aprehensión por el desfalco de 720 millones de dólares de la fundación y que se encuentra en el paraíso fiscal de Panamá, a nombre de la Fundación para el Desarrollo Latinoamericano.
La Fundación Jenkins continúa operando porque la Junta para el Cuidado para las Instituciones de Beneficencia del Estado de Puebla, en tiempos de Rafael Moreno Valle, autorizó el cambio de los estatutos a fin de establecer el patrimonio inicial en 90 millones de dólares y dejar en libre disposición los restantes 630 millones, los cuales fueron sacados del patrimonio y enviados a la Fundación Bienestar de Filantropía y, posteriormente, a la Fundación para el Desarrollo Latinoamericano.
Luego de la embestida judicial que sufrieron los Jenkins de Landa, la determinación del Sistema de Administración Tributario de calificar como “una simulación” las transacciones para sacar los 630 millones de dólares e imponerles un crédito fiscal por 650 millones de pesos -el campus estuvo incautado por esa causa-, así como la pérdida del amparo contra las órdenes de aprehensión, el clan no tuvo otra opción que irse a radicar a San Diego California.
Ante la ausencia de los patronos, las autoridades judiciales designaron a dos representantes legales que son los encargados de vigilar y cuidar el correcto funcionamiento de la Fundación Jenkins. Uno de ellos es Rodrigo Gurza Cárdenas, quien descubrió el fraude cometido por Derbez Bautista, los abogados de los Jenkins y los traspasos de recursos a empresas del clan.
Como representante legal de la Fundación Jenkins, Gurza Cárdenas tiene la facultad para entregar el inmueble a quien la autoridad determine y eso fue lo que hizo. El fallo del Juzgado Tercero de Distrito, que otorgó la suspensión definitiva a favor de Margarita Jenkins, estableció que la responsable de recibir el campus era Cecilia Anaya, en su calidad de rectora interina.
Bueno, pues eso fue lo que hizo Rodrigo Gurza al acudir al Juzgado de Oralidad del Distrito Centro -es decir, el que jurisdiccionalmente le atañe el caso- ante quien demostró que la Fundación Jenkins tiene como parte de su patrimonio el campus de la Udlap, por lo que le solicitó exhortara a Anaya Berrios a que recibiera la posesión y se reanuden las actividades escolares.
El abogado no incurrió en una falsedad y nunca hubo la intención de entregar el campus al patronato encabezado por Horacio Magaña ni a quien nombraron rector, Armando Ríos Piter. La instrucción era precisa: la entrega debía ser ante Cecilia Anaya.
Es justo ahí donde se pone interesante el asunto: Si la demanda de #UdlapLibre es que devolvieran el inmueble a las autoridades “legítimas”, ¿por qué la rectora interina se negó y pretextó que se cumpliera el ordenamiento del Juzgado Tercero de Distrito que la reconoce como la rectora legalmente constituida, lo mismo que al patronato que dirige Margarita Jenkins de Landa?
Para colmo, el abogado de Margarita Jenkins insistió que las autoridades judiciales, como la jueza de oralidad de Puebla, no tienen facultades para emitir exhortos, pero más adelante reconoció que a ellos tampoco les han cumplido dos exhortos por tribunales emitidos a finales de 2021.
Una pregunta adicional: ¿Si en verdad se ha incumplido con la resolución del Juzgado Tercero de Distrito no habría una fuerte sanción a los infractores, en este caso, el nuevo patronato de la Fundación Udlap y los representantes de la Fundación Jenkins? El incumplimiento de una orden judicial es una de las fallas más penadas porque no se pretende sentar bases para que cualquiera haga lo que quiera.
Por si no fuera suficiente todo el enredo jurídico en el caso de la Fundación Jenkins y la Udlap, ahora el Juzgado 26 de lo Civil, con sede en la Ciudad de México, será el responsable de fusionar todos los juicios que existen en litigio e impedir dobles resoluciones, tal y como ocurría con la participación del Juzgado 24 de la Civil, también de la Ciudad de México.
Por eso le decía, la Udlap pasará a manos de los leguleyos, una característica muy peculiar en el clan Jenkins. ¿O hay otra forma de designar al fraude que cometieron al sacar los 720 millones de dólares?
