Silencio sospechoso
Pues con la novedad de las mujeres y hombres más cercanos a la morenista sin cartera, Claudia Rivera Vivanco, dejaron de manifestarse públicamente en contra del cobro del Derecho de Alumbrado Público que impulsa la administración de Eduardo Rivera Pérez. La sospechosa actitud sólo vino a fortalecer el trascendido que el panista y la exalcaldesa estarían en comunicación para sacar adelante temas pendientes. Si tiene dudas, un sujeto que ha estado muy involucrado es el exsíndico Gonzalo Castillo, quien lleva a cabo las pláticas para avalar las basificaciones que autorizó la gestión morenistas a pocos días de que entregaran el poder. La relación entre Rivera Pérez y Claudia Rivera data de hace mucho, al igual que los acuerdos bajo la mesa. Para muestra un botón: la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad en tiempos de Rivera Vivanco estaba plagada de exfuncionario ligados a la primera gestión del panista. De a cómo habrá sido el acuerdo para que el escándalo del Cártel Inmobiliario que estalló hace un par de años no escalara a mayores pues perjudicaría a más de un militante del blanquiazul. Hasta donde sabemos nunca hubo sanción ni castigo a los responsables de la corrupción hallada.
Contra la privatización
Uno de los temores que surgieron tras la iniciativa del Cabildo de Puebla por incluir en su Ley de Ingresos de 2022 el cobro del Derecho de Alumbrado Público es que la medida ayudara a tener los recursos suficientes para privatizar el servicio. Esta situación ya ocurrió en otro tiempo. En la gestión del panista Luis Eduardo del Sagrado Corazón Paredes Moctezuma, quien otorgó la concesión sin el aval del Congreso del estado y firmó un convenio perjudicial para las arcas municipales. Al final se comprobó que el servicio no era tan eficaz como se sostenía y la administración de Enrique Doger Guerrero promovió la rescisión del contrato, lo que se convirtió en un conflicto internacional, pues la compañía beneficiada era parte de un consorcio francés. Por cierto, uno de los que estuvieron al frente de la defensa jurídica para revertir la concesión fue Ignacio Mier Velazco, actual líder del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados y en ese tiempo secretario General de la Comuna.
Defensa con olor a miedo
La diputada local del PAN Mónica Rodríguez Della Vechhia fue la responsable de fijar la postura de su fracción respecto al tercer año de gobierno de Miguel Barbosa Huerta. El problema es que buscaba la oportunidad de asumir un papel opositor que le granjeara simpatías, pero al final quedó mal con todos. Es obvio que sus compañeros de bancada no reconocerán públicamente que está en desacuerdo con muchas cosas que pronunció la legisladora debido a que sus argumentos responden solo a una corriente al interior del PAN que apuesta por endurecer la pierna y forzar a una negociación política que los libre de cualquier persecución. Justamente uno de los más interesado es el esposo de la diputada, Pablo Rodríguez Regordosa. Por otra parte, Della Vecchia utilizó argumentos muy manidos que en los hechos han demostrado ser falsos como es la persecución política, el conflicto de la Universidad de las Américas o una falsa incapacidad para enfrentar a la pandemia. Salió en defensa del club de bribones de las cámaras empresariales, pero no dijo nada de las inversiones que han llegado a Puebla por la vía de hombres de negocios que son inversionistas y no líderes empresariales en busca de negocios a costa del erario.
