¿Qué pretenden el PAN y el PRI en el Congreso del estado al solicitar la comparecencia de la secretaria de Planeación y Finanzas, María Teresa Castro Corro, como consecuencia del boquete financiero por 3 mil 200 millones de pesos que enfrenta la actual administración estatal, y de los cuales 2 mil 600 millones de pesos corresponden al fraude cometido en contra del Sistema de Administración Tributaria (SAT) por parte del gobierno de Rafael Moreno Valle y la empresa Sistemas LAC? La respuesta es sencilla: Oportunismo y ocultar el escándalo que terminará por perjudicarlos ante el electorado. Nos explicamos: Los gobiernos panistas de Moreno Valle y José Antonio Gali Fayad dejaron correr un crédito fiscal que impuso el SAT a Puebla una vez que comprobó que la habían timado con la devolución de 700 millones de pesos como parte de un incentivo a las entidades federativas por recaudación del Impuesto sobre la Renta. Primero fue el fraude, el timo, el engaño que derivó en una sanción fiscal. Luego, se cometió la torpeza de judicializar el conflicto a pesar de que había una cláusula que imponía un coste de 30 millones de pesos por cada mes que transcurriera sin pagar la deuda. (Ojo: en tres años -2015 a 2018- pasamos de obtener un incentivo a ser acreedores de un pasivo fiscal). Esa ruta jurídica era intransitable y llevaba todas la de perder, lo cual al final ocurrió. ¿A qué le apostaban Moreno Valle y Tony Gali con prorrogar el conflicto? A una absurda y mezquina actitud de impedir que la imagen del entonces senador del PAN y la gobernadora electa Martha Erika Alonso Hidalgo fuera dañada por ese escándalo. ¿Cómo enfrentarían una publicación que dijera que el gobierno de Moreno Valle engañó al SAT para que le entregara 700 millones y ahora existía una sanción por mil 800 millones? Un escándalo por donde se le vea. Eso es justo lo que el PAN pretende ocultar ahora, un acto de sobrada negligencia, avaricia y delictivo que terminó por sangrar las arcas estatales. Un escándalo más en la larga lista de quebrantos, irregularidades y desfalcos cometidos en las gestiones de quienes prometieron combatir la corrupción y prometieron que lo mejor estaba por venir. La auténtica desfachatez es que las voces más histriónicas que exigen castigo son Mónica Rodríguez Della Vecchia y Rafael Micalco Méndez. El esposo de la primera fue secretario de Desarrollo Económico en la gestión morenovallista, mientras que el segundo fue el principal aplaudidor de esos gobiernos hasta que le hicieron el fuchi y rompió con ellos, no sin antes disfrutar las mieles del poder. En el caso del PRI, el timorato e inexperto dirigente estatal Néstor Camarillo Medina -gran amigo del truhan Alejandro Alito Moreno– también quiere que haya explicaciones, aunque lo primero que debería informar hasta qué punto estuvo involucrado el gobierno del priista Enrique Peña Nieto y, principalmente, el exsecretario de Hacienda y Crédito Público Luis Videgaray Caso, que sostenían una amplia y estrecha relación con Moreno Valle. ¿Acaso ya se le olvidó al priista poblano que esa relación le permitió a Videgaray recomendar a la firma Protego, propiedad de Pedro Aspe Armella -gran sensei de ese grupo de tecnócratas- para que se hiciera cargo del fideicomiso de los Proyectos de Prestación de Servicios en Puebla? ¿Acaso hay solvencia moral para exigir cuentas cuando los gobiernos del PRI y el PAN están involucrados hasta la médula? Fuera máscaras.
jueves, noviembre 21, 2024
