Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la inconstitucionalidad del llamado “Plan B” de la Reforma Electoral, diversos actores de la vida nacional manifestaron su inconformidad, entre ellos, los principales aspirantes a la gubernatura en Puebla: Alejandro Armenta Mier e Ignacio Mier Velazco; criticaron con severidad, entre otras cosas, los privilegios y actos de nepotismo y corrupción en el Poder Judicial de la Federación.
El senador Ricardo Monreal, por ejemplo, leyó un listado de 40 obscenos privilegios que ostentan los ministros de la corte y resistió la rebatiña de los miembros de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, su mejor alerón fue el diputado Gerardo Fernández Noroña, quien, con sus ya conocidas estridencias e ingenio para la sátira política, evidenciaron a la oposición y a la alta burocracia del poder judicial en sus privilegios y frivolidad. Dicha discusión sobre privilegios, nepotismo y corrupción, coincide plenamente con los reclamos de la burocracia maltratada, mal pagada y explotada laboralmente del Poder Judicial del Estado de Puebla.
La semana pasada inició una histórica manifestación de trabajadores del Poder Judicial del estado contra la burocracia dorada. Los principales reclamos son salariales y de condiciones materiales para trabajar, mientras que el pleno del Poder Judicial autorizó un aumento salarial de 25 por ciento para la burocracia dorada (jueces, magistrados, etcétera), para la base habrá un aumento de solo 70 pesos; aunado a esto, las condiciones laborales, que, desde tiempos de Rafael Moreno Valle, han ido en detrimento para trabajadores, abogados y la ciudadanía en general: no hay insumos de higiene, agua, comedores, papel, copias, grapas, lápices; una mafia controla los insumos de papelería y una copia simple cuesta prácticamente lo mismo que una copia certificada.
Por si fuera poco, las y los trabajadores evidenciaron los casos de nepotismo y corrupción con las llamadas Fernandas (Huesca y Vadillo), dos personas que ganan más de 60 mil pesos al mes, cuentan con guaruras y su labor consiste en asesorar en redes sociales, principalmente YouTube, al presidente del Consejo de la Judicatura, ambas sin preparación profesional, apenas con preparatoria concluida y con un promedio de calificaciones peor que deficiente, obviamente sin carrera judicial, pero con el gran mérito de tener las adecuadas influencias.
Desde donde se imparte justicia, se administra injusta, hedónica y onerosamente en detrimento de la gran mayoría. La Reforma al Poder Judicial implementada en la administración del gobernador Miguel Barbosa, parece que desató en un mediano plazo una rebelión en el Poder Judicial.
Ángel Custodio
El problema de la debilidad del Poder Judicial se remonta a 1857. Dicho poder quedó subordinado políticamente al Legislativo y económicamente al Ejecutivo. Desde 1917, quedó a merced de la voluntad del presidente, y en la actualidad la autonomía es una licencia con la que se ha mantenido una política elitista y de privilegios que poco representa a la sociedad mexicana.
