La violencia nunca será opción
La estrategia de seguridad en el país tiene varios contrastes. Se disputan dos visiones en la forma de atender la seguridad, una que procura las causas y otra, más punitivista que aboga por sanciones severas, “castigos ejemplares” y una policía más brutal, o peor aún, un ejército sin restricciones o protocolos de respeto a los derechos humanos. En Puebla podemos ver ejemplos de ambas, mientras que el presidente (AMLO) y el gobierno del Estado de manera coordinada han logrado reducir delitos de alto impacto, en Puebla capital, se documentan casos semana a semana de abusos de autoridad, violencia policiaca, extorsiones y cobros ilegales por parte de la policía municipal.
A nivel nacional según lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su discurso del 18 de marzo: “hemos podido reducir los delitos del fuero federal en 33 por ciento; el homicidio, en 10 por ciento; el robo de vehículo, en 38 por ciento; el robo en general, 20 por ciento; el huachicol, en 92 por ciento; el feminicidio, en 28 por ciento y el secuestro, en 76 por ciento”. Lo anterior, se debe en gran medida a los programas sociales, al uso de la inteligencia antes que de la fuerza y a la participación coordinada de los 3 órdenes de gobierno.
En las entidades federativas los resultados son muy variados, sobre todo en los delitos del fuero común y de prevención del delito. En Puebla los esfuerzos del gobernador Miguel Barbosa se materializaron en la disminución de diversos delitos, por ejemplo: el secuestro redujo 75.71 por ciento; el feminicidio 64.91 por ciento; robo de vehículo 42.49 por ciento; etcétera. Durante los 100 días de administración del gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina los resultados no han variado mucho, sin embargo, en algo ha coincidido con el gobernador Barbosa: los municipios tienen que participar más en estrategias de seguridad pública, invertir en la profesionalización de sus cuerpos policiales y garantizar inmediatez frente a un incidente delincuencial.
Eduardo Rivera ha hecho todo lo contrario. A nadie debe extrañar que haya casos de abuso policiaco documentados prácticamente semana a semana; “Lalo” ha priorizado la recaudación fiscal, y para ello, ha utilizado a las fuerzas policiacas como recaudadores. Tan solo en lo que va del año ha recaudado más de 4 millones por los parquímetros en el Centro Histórico de la Ciudad, 130 millones de pesos por concepto de infracciones y multas y espera recaudar 140 millones de pesos por el Derecho de Alumbrado Público (DAP); lo anterior no se ha traducido en mejora de las condiciones laborales de las policías municipales, tampoco en su profesionalización y menos aún en la inversión de insumos materiales. ¿En qué se está invirtiendo entonces ese dinero? ¿Cuáles son las prioridades del gobierno municipal? y peor ¿Cuántos detenidos injustificadamente, muertos o mujeres violadas se requieren para que Eduardo Rivera atienda con seriedad el problema de inseguridad pública en la capital?