Ya cambió la narrativa de la revista Proceso en el sentido de que el gobernador Miguel Barbosa Huerta quería apropiarse de los 720 millones de dólares de la Fundación Mary Street Jenkins.
Ahora, faltaba más, es el estado de Puebla el que podría recuperar esos fondos.
Y quien hizo la corrección —pena ajena— fue el propio autor del rebatido reportaje de la semana pasada: Mathieu Tourliere.
Hace unos días, el principal matraquero de dicha versión, Rodolfo Ruiz, también reculó al escribir en su columna: “El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta y los miembros del nuevo Patronato de la Udlap tienen razón en reclamar el retorno a Puebla de los 750 millones de la Fundación Mary Street Jenkins y en llamar a cuentas a quienes han desviado estos fondos, en contra de la voluntad de su fundador y benefactor, William O. Jenkins”.
En la edición de este martes, Hipócrita Lector exhibirá las lindezas del reportaje más reciente de Proceso sobre el caso.
Como ya es costumbre —ya es el sello de la casa—, continúan las omisiones y las imprecisiones.
Responde Roberto Elí Esponda
Puebla, Puebla
07.02.202
Mario Alberto Mejía Martínez
Director General del Periódico Hipócrita Lector
P r e s e n t e:
Estimado Director:
Por este conducto me dirijo a usted de la manera más respetuosa con el objetivo de solicitar derecho de réplica a su nota periodística publicada por esa empresa a su cargo, en la edición digital de fecha 1º de Febrero del año 2022 que lleva por Título: “FRAUDE EN LAS CLOACAS DEL AYUNTAMIENTO DE PUEBLA”, al respecto me permito realizar las siguientes precisiones:
Como parte de la información contenida se hacen señalamientos directos y personales al suscrito y a quien fungía como asesora jurídica de nombre FERNANDA SCHMIDT RUÍZ ya que medularmente alude: que el de la voz y mi en ese entonces asesora jurídica “convocaban a estudiantes de la B.U.A.P. les pedían documentos oficiales… al mismo tiempo sin que ellos se enteraran, los daba de alta como empleados del Ayuntamiento y en contubernio con su “asistente” cobraban los salarios” y a mayor abundamiento exhiben al suscrito y a mi entonces asesora jurídica ante la Sociedad en el sentido de que hemos sido Denunciados ante la Fiscalía General del Estado por los tipos penales de “ABUSO DE AUTORIDAD y/o INCUMPLIMIENTO DE UN DEBER LEGAL”, lo cual manifestamos con sorpresa desconocer, pues jamás hemos sido citados para comparecer en ninguna calidad y en ninguna carpeta de investigación y aún más presentan fijaciones fotográficas de la supuesta denuncia, sin especificar el número NUAT, CDI o cualquier otro procedimiento penal, lo cual nos coloca en un manifiesto estado de indefensión, al desconocer los hechos que motivan dichas investigaciones, los cuales AFIRMAMOS DESDE ESTE MOMENTO QUE SON FALSOS Y ABSOLUTAMENTE CONTRARIOS A LA VERDAD Y A LA REALIDAD, pues como lo acreditaré ante las Autoridades correspondientes y con toda la disposición y confianza en las Instituciones que salvaguardan el Estado de Derecho en nuestro Estado.
En base a lo que he dejado expuesto, quedará plenamente demostrado ante las instancias legales correspondientes que el de la voz y mi entonces asesora jurídica, jamás hemos utilizado de forma directa o indirecta información, datos personales y mucho menos documentos para obtener algún beneficio propio o para terceros, pues reiteramos nuestra disposición para comparecer ante las Autoridades correspondientes una vez legalmente citados a fin de aportar los datos de prueba necesarios para esclarecer las afirmaciones infortunadas que provocan una lesión en nuestro derecho fundamental de gozar de una buena honra y fama pública, y aún más ver lesionado dicho derecho al tener consecuencias reales, tanto en cuestiones personales, familiares y específicamente laborales.
Así también atenta contra la veracidad, así como contra mi reputación y honra, la alusión de que el suscrito se ha negado a cooperar y a atender a dichas personas pues como lo es bien sabido cuando desempeñé mis funciones de REGIDOR en la administración pasada y la que fue mi asesora jurídica, nos encontrábamos en un edificio público al que cualquier persona tenía acceso y podría solicitar una Audiencia con el suscrito y/o con la que fue mi asesora jurídica, toda vez que mi cargo de elección popular siempre lo cumplí a cabalidad dando atención a la Ciudadanía en General.
En atención a lo anterior es por lo que solicito respetuosamente SE CONSIDERE LA PRESENTE RÉPLICA Y NOTA ACLARATORIA, a los hechos referidos.
M u y A t e n t a m e n t e.
Roberto Elí Esponda Islas
