La historia de Dato Protegido deja varias enseñanzas.
Con la complicidad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la diputada Diana Karina Barreras Samaniego se fue con todo en contra de una ama de casa (Karla María Estrella Murrieta), y logró que le impusieran varios castigos ejemplares por haber hecho uso de su libre expresión a través de un tuiter.
El más ridículo fue que durante treinta días le ofreciera disculpas en su red social.
Y así lo hizo.
Pero en lugar de poner su nombre en las publicaciones, usó el requerido por la formalidad judicial: “Dato Protegido”.
Lo que era un castigo, se convirtió en chunga.
Miles y miles de tuiteros se sumaron al brutal escarnio a que fue sometido durante un mes la diputada petista casada con Gutierritos: el diputado Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva del Senado.
Lo peor para ellos fue que día con día también fue exhibida la inexplicable riqueza en la que viven, misma que les da para comprar relojes, ropa, zapatos y hasta lentes de alta gama, y, por supuesto, carísimos.
El abuso de la figura de “violencia política de género” ha provocado situaciones como la aquí narrada.
Y es que aunque en algunos casos se justifica la sentencia —debido al machismo primitivo de los agresores—, en otros termina por desvanecerse por falta de pruebas.
Durante años he sido denunciado —sin éxito— por el delito de ejercer mi libertad de expresión.
En dos ocasiones cuando menos, y en un breve periodo de tiempo, mis denunciantes buscaron meterme a la cárcel.
Y es que en esa época —2005— existía el delito de difamación y calumnias, mismo que se castigaba con prisión.
(Doce exdiputados locales —¡doce!— fueron mis querellantes en una de las causas).
Hace relativamente poco, una exdiputada federal —nuestro Dato Protegido tropicalizado— me denunció por violencia política de género pese a que no la ataqué en lo personal, y mucho menos por su condición de mujer.
Mi delito fue que exhibí a un personaje —que trabajaba con ella— y que aparecía mencionado en una carpeta de investigación relacionada con agresiones sexuales a una niña.
El caso lo abordé en dos columnas periodísticas.
Y aunque ella ejerció su derecho de réplica en mi espacio, acudió al INE a denunciarme por violencia política de género.
Uno a uno fue perdiendo en las diversas instancias.
Y en todos los casos, los consejeros y los magistrados dejaron muy en claro que una cosa era el ejercicio crítico del periodismo y otra, muy distinta, la violencia política de género.
Ahora que surgió el escándalo de Dato Protegido no tuve más remedio que pensar en nuestro Dato Protegido tropicalizado, quien confundió un montón de peras con un montón de manzanas.
Y eso que estudió Ciencia Política en una universidad poblana, donde dio clases en la escuela de Comunicación.
Nota bene: la diputada que quería censurarme, se manifestó en contra de la denominada “LeyCiberCensura”.
Y dio sus razones: “nos quieren callar y meter a la cárcel ; no sólo a la oposición, a periodistas y ciudadanos”.
(Un cuartito de congruencia, por favor).
Y lo mejor fue que en esta trama de Dato Protegido, la exdiputada censora apoyó a la víctima.
Ya se ve por qué la oposición está en la lona.
Y es que personajes como éste abundan, igual que sus incongruencias.