¿La Ley de Ciberseguridad —en su renglón de ciberasedio— puede beneficiar, por ejemplo, a un delincuente imputado o sentenciado que se sienta vulnerado en su lado más íntimo?
Me explico.
Andrés Roemer, por ejemplo, podría sentirse agraviado porque una y otra vez es exhibido —en las redes sociales— por los delitos de los que es señalado en tribunales.
En consecuencia, nuestro personaje podría usar como paraguas la reforma al artículo 480 del Código Penal local, que especifica que este delito se define como “la acción de insultar, injuriar, ofender, agraviar o vejar a otra persona de manera reiterada a través de tecnologías de la información y comunicación, como redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital, con la intención de causar un daño o menoscabo en su integridad física o emocional”.
¿Qué juez le diría que no?
Ninguno.
¿Qué magistrado le negaría su derecho a sentirse insultado, injuriado, ofendido, agraviado o vejado?
¿Cómo saber que las palabras de un internauta —ama de casa, periodista, agente de seguros— le provocaron realmente un “daño o menoscabo en su integridad física o emocional”?
Más allá de que esté imputado, Roemer, o el Chapo Guzmán, o el Mayo Zambada —o Genaro García Luna— podrían sentirse insultados, injuriados, ofendidos, agraviados o vejados, y, peor aún, dueños —por culpa de un tercero— de un “daño o menoscabo en su integridad física o emocional”.
Qué bien que los funcionarios públicos vayan a quedar impedidos de interponer una denuncia, pero eso no incluye a los arriba citados.
Tampoco a un criminal local: llámese ladrón, carterista, huachicolero, pedófilo, feminicida u oficio gravoso por conocer.
¿Un pedófilo juzgado —ya en prisión— podría acogerse al artículo 480 para defender su minusvalorado estado anímico?
¿Qué juzgador le diría que su vejación está excluida del Código Penal?
Son dudas, ufff, que matan, y que no dejan dormir.
