Han pasado más de 40 años de la primera reforma política, que fue en 1978-79, cuando el régimen del Partido de Estado (PRI), tuvo que abrir su viejo sistema que represento, para darle paso a las demandas de la izquierda mexicana de esos años. Quiénes exigían su registro legal como partido político, para salir de la clandestinidad y poder participar en las elecciones de este país.
En aquellas décadas de luchas sociales, la representación de las minorías se hizo necesaria y fundamental en el Congreso de la Unión, para legitimar su existencia y abrir espacios políticos para visibilizar su movimiento y las demandas sociales de sus grupos marginados y pobres que representaba.
Por primera vez en la historia contemporánea de México, el movimiento de los comunistas llegaría al Cámara con una representación de sus principales cuadros y dirigentes nacionales.
Cabe decir aquí, que el Partido Acción Nacional (PAN), desde su fundación, siempre fue una organización sistémica del poder. Nunca dieron batallas para ser reconocidos al igual que el PARM y el PPS.
Si el movimiento de 1968 fue el parteaguas en la defensa por las libertades políticas de los estudiantes, para los 80, s las banderas fueron por la apertura democrática y después llegarían otras, por alcanzar la autonomía de los órganos electorales, que, en 1988, aún permanecían bajo el control oficial y fueron acusados de llevar a cabo un “fraude electoral” sobre la candidatura del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas.
Bajo este proceso democratizador vendrían más reformas electorales, hasta quitarles el control de los comicios, ciudadanizar su función y hacer valer los votos. También se daría otra configuración del sistema de partidos, con el registro de otras fuerzas partidarias. Mismas que entrarían con sus listas de representación proporcional al escenario parlamentario como minorías partidarias.
Cierto es, que la figura de la proporcionalidad y representación plural de las fuerzas políticas en ambas cámaras se pervirtió, por los intereses internos de las propias dirigencias nacionales, en donde cada seis y tres años, se reparten entre ellos mismos los 200 lugares (RP) que entran por vía directa.
Lo mismo sucede con los recursos públicos que año con año les presupuestan y les son entregados para sus actividades ordinarias y de organización. En donde solo las elites partidarias conocen y autorizan a quiénes se les da, aunque tienen que comprobar el manejo de sus prerrogativas al INE, siempre hay un uso discrecional de estos y nadie puede negar la existencia de corrupción a su interior.
-originalmente, se argumentó, que el financiamiento oficial, debía servir para que los partidos pudieran organizarse y crecer, además para evitar que recibieran dinero de procedencia ilícita-
Por otra parte, quien piense y diga, que la presidenta Claudia Sheinbaum, no tiene claro lo que busca y quiere con su reforma electoral, se equivoca. Por supuesto que conoce los procesos que se han llevado a cabo en México, participo en 1988, lo mismo en el PRD y en las elecciones del 2006, en donde fue parte activa de aquellas elecciones muy cuestionadas. Al igual que en el movimiento de resistencia pacífica que encabezo el propio AMLO, en contra de la “imposición” de FCH, hasta arribar a la conformación de lo que hoy es Morena.
Sin dejar de lado el papel que jugó en la estructura electoral de los comicios del 2018, que llevaron al poder a Andrés Manuel López Obrador. La presidenta conoce desde dentro como se ha conformado la estructura de poder en este nuevo régimen y por eso busca su permanencia y la continuidad de dicho proyecto.
Sabe lo que representan sus partidos aliados y también el papel que juega la oposición, con todos sus intereses.
Y para darle cuerpo al proceso de su nueva Reforma Político-Electoral, anuncio la creación institucional de una Comisión que se encargara de procesar la discusión y los foros con todos los sectores interesados sobre este tema. Cabe señalar que dicha instancia está compuesta por miembros de su propio gobierno.
Ha sostenido en una de sus conferencias mañaneras, que habrá una discusión amplia y que van por una modificación más profunda que no solo es reducir el presupuesto. Queda claro que buscan reconstruir el actual modelo político y los órganos electorales, para darle sustento a su proyecto de gobierno y mantenerse en el poder público.
Conclusión: Edificar la democracia en México, tuvo sus costos políticos y sociales, además de sus propios muertos y eso la izquierda lo sabe. Después del partido único, se avanzó gradualmente para su construcción y consolidación, misma que aún no llega.
Las minorías y sus organizaciones partidarias actuales nos gusten o no, deben seguir siendo parte de este concierto plural de fuerzas políticas en el país, sin embargo, estas, deben de asumir sus propias responsabilidades internas, para dejar de ser partidos satélites de un régimen establecido o de los institutos con más presencia nacional.
Al igual que el INE, tiene que reformarse para fortalecer su autonomía y darles mayor credibilidad a las elecciones en este país. Puesto que son un árbitro que legitima los triunfos electorales de cualquier partido y da legalidad para a los gobiernos, son parte del tramado para una reforma de fondo.
Pensar en el regreso de los partidos únicos o en los regímenes autoritarios, será un grave riesgo para la llamada democracia mexicana.
