Este 26 de septiembre se cumplen 11 años, de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa. Un hecho que marco al sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto y que, en el 2014, impacto a la opinión pública nacional y movilizo a miles de jóvenes universitarios por todo el país, exigiendo justicia.
Van 132 meses sin respuesta por parte de dos regímenes, uno de estos de extracción priista, quien solo alcanzo a describir su llamada “verdad histórica” y en los hechos, sus investigaciones nunca pudieron esclarecer nada a pesar haber implementado una fiscalía especial para el caso.
El segundo encabezado por Andrés Manuel López Obrador, caracterizado de progresista, genero muchas expectativas hacía los padres de los normalistas, con la creación de su Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, encabezada por Alejandro Encinas Rodríguez. Quien tuvo varias reuniones y algunas con el propio expresidente, para mostrar sus avances sobre los hechos.
Algo que nunca sucedió a pesar de las nuevas narrativas e investigaciones, que presuntamente llevaron a cabo. Encinas Rodríguez, renuncio al final del gobierno de AMLO, dejando acéfala dicha comisión y volvieron a empezar.
Antes también estuvo trabajando un Grupo Independiente de Expertas y Expertos independientes (GIEI) quienes llevaron a cabo otras investigaciones e informes sobre lo sucedido en Iguala, aquella noche trágica y lo mismo sus trabajos quedaron archivados porque fue disuelto dicho grupo.
Termino la administración de Morena y, nunca pudieron explicar nada nuevo, salvo los datos que aportó el ejército sobre el tema y que nadie conoce, entre otros más.
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, nombro a Jesús Murillo Karam y demás exfuncionarios, quiénes nunca pudieron esclarecer lo que sucedió en septiembre del 2014 y jamás tuvieron voluntad de hacerlo.
Llego Alejandro Encinas nombrado por López Obrador, por su conocida trayectoria política en las filas de la izquierda y conocedor de los movimientos sociales, pero solo dosifico sus respuestas a los padres de los 43 normalistas desaparecidos
El 28 de noviembre de 2018, la CIDH presentó el Informe Final del Plan de Trabajo de su Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa (MESA o Mecanismo Especial) y nadie le hizo caso. Lo mismo paso con la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), 15 VG/2018, donde señaló que los acontecimientos ocurridos representaron un agravio para todos los mexicanos.
“El 18 de agosto de 2022, antes de renunciar, el presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso, Encinas Rodríguez, se reunió con los familiares de los normalistas. Les informo los avances de la investigación y aseguró que la desaparición “constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano”. Les dijo que durante el proceso 26 personas, la mayoría integrantes de Guerreros unidos fueron ejecutadas, por lo cual se descarta valiosa información en la investigación”.
“El 19 de agosto, la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la detención del exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, presunto responsable de los delitos de tortura, desaparición forzada y dificultar la administración de justicia en el caso. Karam se convirtió en el primer exprocurador en ser detenido por las autoridades federales”
11 largos años para los padres de los jóvenes estudiantes, que se han convertido en sufrimiento por encontrar a sus hijos o saber lo que sucedió. Después de aquellos días cuando se ha narrado que salieron de su escuela normal hacia Iguala, en busca de camiones para poder llegar a la marcha del 2 de octubre en la CDMX y por la noche fueron secuestrados y desaparecidos, hoy siguen exigiendo que le digan la verdad sobre los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Este gobierno, tiene la obligación legal, moral e histórica de hablarles de frente e informarles que fue lo que paso con ellos. Hay miles de hojas, investigaciones e informes, que deben servir para cerrar esta herida trágica en la historia reciente sobre la desaparición de los normalistas.
Solo exigen que el Estado les diga la verdad.
