I
El pasado 4 de julio en la CDMX se realizó una marcha contra la gentrificación y las viviendas temporales de extranjeros. De pronto, como últimamente se ha vuelto costumbre, en las benditas-malditas redes sociales las posturas en favor y en contra se viralizaron, dejando fuera los motivos reales y centrándose en si la marcha tenía tintes xenófobos y si representaba un atentado contra la propiedad privada. En el transcurso de la semana, las columnas de opinión han sido la arenga para hablar de estos temas.
Pedro Ángel Palou, en su columna para El Heraldo de México[1], comenta lo siguiente:
“el discurso oficial ha insistido en culpar a la dinámica del mercado global y a la “inevitabilidad” del turismo como motor económico. Pero la política pública ha sido cómplice activa. Las administraciones locales, tanto de izquierda como de derecha, se han congratulado de atraer capital extranjero con la misma narrativa de modernidad cosmopolita que hoy se revela insostenible.
La ironía de la indignación oficial ante los brotes de xenofobia —las pancartas de “Gringo, stop stealing our home”, los videos de turistas estadounidenses huyendo de calles bloqueadas— es que el mismo aparato de Estado que se indigna públicamente es incapaz de imponer límites efectivos a quienes lucran con la ciudad como parque temático.”
Rubén Moreno, columnista de este medio, escribió esta semana[2]:
“Estos asuntos son de fondo y requieren ser legislados, en esto también se
deben incluir a las inmobiliarias y negocios que hay por todos lados especulando con la compra y venta de casas y departamentos.
La gentrificación no es nueva en esta ciudad, pronto abarcara los llamados pueblos mágicos. Las políticas públicas sobre turismo también deben prevenir todos los efectos que trae consigo la gentrificación, porque no se trata de que vengan y vengan miles y miles de turistas nacionales y extranjeros.”
Canal 14, miembro del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), publicó en X, lo siguiente[3]:
“El fenómeno social de la #Gentrificación ha provocado que cada año alrededor de 20 mil personas sean expulsadas de sus hogares en las zonas más céntricas de la #CDMX, debido al encarecimiento desproporcionado que se vive en la capital del país. Pues alquilar un departamento en las colonias más caras de la entidad cuesta 44% más que en 2023.”
Pero ¿qué dicen las declaratorias, pactos internacionales y nuestras leyes sobre el derecho a la vivienda?
II
Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) y Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)[1]:
Artículo 25: Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, a ella y a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.
Carta de la Organización de Estados Americanos[2]:
Artículo 33: Los Estados miembro convienen en que la igualdad de oportunidades, la eliminación de la pobreza crítica y la distribución equitativa de la riqueza y del ingreso, así como la plena participación de sus pueblos en las decisiones relativas a su propio desarrollo, son, entre otros, objetivos básicos del desarrollo integral. Para lograrlos, convienen asimismo en dedicar sus máximos esfuerzos a la consecución de las siguientes metas básicas: K) Vivienda adecuada para todos los sectores de la población.
Constitución Políticas de los Estados Unidos Mexicanos:
Artículo 4: Toda persona tiene derecho a disfrutar de vivienda adecuada. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.
Ley de la Vivienda[3]:
Artículo 2: Se considerará vivienda digna y decorosa la que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, salubridad, cuente con espacios habitables y auxiliares, así como con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y contemple criterios para la prevención de desastres y la protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente.
III
Aunque existe una normativa importante que obliga al Estado a otorgar las condiciones adecuadas de vivienda, la realidad es otra.
Hasta la llegada de inmobiliarias como Casas Geo, las viviendas a las que podían aspirar miles de mexicanos eran deplorables, apenas dignas. Y este tipo de conjuntos habitacionales, siempre, se han ido generando en las periferias de las ciudades: provocando una movilidad compleja; mientras que los barrios fundaciones y las primeras colonias se han ido convirtiendo en lugares idóneos para la construcciones de hoteles boutique, galerías de arte privadas; así como cafeterías, bares, restaurantes y librerías “snob”, “fifís”, “hípster” (inserte el adjetivo o término de moda); así como la generación de Airbnb y diversos negocios que fomentan la ocupación momentánea para, poco a poco, eliminar la vivienda permanente.
IV
Urge que la Sociedad Civil y el Ciudadano de a Pie unan fuerzas para obligar a las autoridades a comenzar a legislar en favor de los ciudadanos originales y de aquellos extranjeros que sí han escogido a México como su país, pagan impuestos y generan ingresos con la moneda nacional.
Pienso que una Ley de Vivienda debería de contemplar medidas estándar para los espacios habitacionales -según sea departamento o casa-, debería de poner topes en las rentas que deberían ir acorde a la realidad de los salarios mínimos.
Por ejemplo, según Encuesta Nacional sobre Salud Financiera (Ensafi) realizada por el Inegi y la Condusef, una persona, para vivir dignamente en México necesita percibir[1]: 29 mil 500 pesos mensuales.
Según esa misma encuesta, en Puebla se necesitan percibir[2]: 12,600 pesos mensuales.
Si nos pusiéramos a revisar en cuánto están los salarios más bajos del Gobierno Federal en CDMX, o del Gobierno de la CDMX o del Gobierno del Estado de Puebla, así como de los Ayuntamientos de las Ciudades más representativas en CDMX o Puebla, nos percataríamos que están por debajo del mínimo estipulado al mes.
V
El actual Gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, ha hablado mucho de “bioética social”. De su página como candidato, retomo algunos puntos[3]:
- Hablar de gobiernos humanos es remitirnos al concepto de bioética como parte de un conjunto de políticas que busca el reconocimiento de los derechos sociales, mediante la protección de las personas en entornos de riesgo climático y sanitario, protegiendo los recursos o bienes públicos, que forman parte de los ecosistemas para satisfacer las necesidades de la población para garantizar a las personas un espacio habitable.
- Generar las condiciones que garanticen la seguridad: patrimonial, laboral, alimentaria, certeza jurídica, seguridad de todos los derechos humanos.
- Un aspecto fundamental en el combate a la marginación y la pobreza es que en esa tercera dimensión el gobierno debe facilitar la generación de riqueza, generar, cuidar y articular las cadenas de producción en los sectores primario, secundario y terciario impulsando a las micro, pequeñas y medianas empresas.
Espero que dentro de estos puntos tenga contemplando comenzar a implementar políticas que nos permita, a los que habitamos en Puebla, acceder a una vivienda digna sin necesidad de irse a las periferias o a municipios aledaños; que habitar en los barrios fundaciones y primeras colonias sea accesible y realista a los sueldos que pagan tanto el Gobierno Estatal como la Iniciativa Privada.
Aún está a tiempo de evitar que Puebla comience a sufrir lo que están pasando los habitantes de la CDMX.
