Este jueves, el sheriff del condado de Brevard, Wayne Ivey, emitió una advertencia violenta durante una conferencia de prensa, dirigida a quienes planean manifestarse contra las políticas antimigratorias del presidente Donald Trump.
“Si arroja un ladrillo a nuestros agentes (…) notificaremos a su familia dónde recoger sus restos”, declaró Ivey ante medios locales.
Organizaciones defensoras de derechos civiles calificaron las declaraciones como “incendiarias y preocupantes”, alertando sobre una posible incitación a la violencia institucional.
Escalada de tensión en EE. UU. por redadas migratorias
La advertencia se produce en un contexto de creciente tensión nacional, tras las redadas masivas llevadas a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que han resultado en más de 565 arrestos en ciudades como Los Ángeles, San Antonio y Filadelfia.
En al menos 37 ciudades, principalmente en California, Texas, Oregón y Pensilvania, se han multiplicado las protestascontra estas medidas.
Florida endurece discurso oficial contra protestas
Acompañando al sheriff, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, respaldó el discurso agresivo y afirmó que “Florida es un estado anti-disturbios”, advirtiendo que quienes atenten contra agentes “enfrentarán consecuencias extremas”.
“Si alguien trata de atacar un vehículo policial, lo más probable es que acabe atropellado y arrastrado por la calle. Conduce, simplemente conduce”, declaró Uthmeier.
Ambos funcionarios insistieron en que están preparados para responder con dureza, justificando su postura como una medida para preservar el orden público.
Derechos civiles en riesgo: ACLU y expertos reaccionan
Las declaraciones han sido interpretadas por expertos legales y organismos de derechos humanos como un llamado abierto a la violencia institucionalizada.
La organización ACLU reaccionó con firmeza:
“Es inaceptable que autoridades públicas amenacen con matar a ciudadanos por ejercer su derecho a protestar. Este tipo de retórica solo alimenta el autoritarismo”, señaló David Cohen, abogado constitucionalista del Comité de Libertades Civiles de EE. UU.
Los Ángeles bajo estado de emergencia
En paralelo, la situación en Los Ángeles ha escalado, obligando al despliegue de 4,000 tropas de la Guardia Nacional y 700 marines, según confirmó el Pentágono.
La ciudad se encuentra bajo toque de queda en varios sectores, y el ayuntamiento ha declarado estado de emergencia. La alcaldesa Karen Bass condenó las declaraciones de Ivey y Uthmeier, y exigió que el gobierno federal garantice el respeto a los derechos humanos.
Departamento de Justicia y reacciones internacionales
El Departamento de Justicia de EE. UU. evalúa posibles sanciones legales contra funcionarios que inciten a la violencia o vulneren los derechos civiles mediante el abuso de poder.
A nivel internacional, diversas voces han expresado su preocupación por el deterioro de las libertades fundamentalesen Estados Unidos, señalando el avance de la militarización de la política migratoria y el uso de un discurso represivo por parte de figuras públicas.
