“La corrupción no limpia el agua, solo la enturbia”, dirían los abuelos si les contamos la historia de los famosos barcos saneadores de la presa de Valsequillo.
Un proyecto que, en 2018, bajo la administración de Antonio Gali Fayad, zarpó con promesas de aguas cristalinas y terminó varado en un lago de dudas y malos olores. Costaron la friolera de 250 millones de pesos y solo sirven para espantar mosquitos y reducir olores, como lo admitió sin tapujos la exsecretaria de Medio Ambiente, Beatriz Manrique.
Aquí estamos, seis años después, y la historia no ha cambiado: Valsequillo sigue siendo una cloaca a cielo abierto, testimonio del abandono y la irresponsabilidad ambiental.
Hoy el gobernador Alejandro Armenta ha lanzado una señal esperanzadora al ordenar una evaluación seria: ¿Sirven los barcos o no? La pregunta parece sencilla, pero tiene un trasfondo lleno de lodo (literal y figurado).
El problema de Valsequillo no se resuelve con tecnologías importadas y promesas prefabricadas. La presa, que recibe descargas de industrias textiles, químicas y de aguas residuales domésticas, necesita un plan integral de saneamiento.
De poco sirve hiperoxigenar el agua si cada día llegan toneladas de contaminantes desde el Atoyac y sus tributarios. Es como querer trapear mientras llueve.
¡Pero ojo!: No podemos mirar hacia otro lado sin revisar los permisos federales (Conagua) y estatales (Organismos Operadores del Agua Estatales o Municipales) que han permitido a las industrias contaminar estos cuerpos de agua.
Porque no es ningún secreto que han existido funcionarios corruptos que a cambio de “un moche”, han dado su aval para descargar aguas residuales sin tratamiento.
En este contexto, el saneamiento no solo depende de barcos o inversiones, sino de una limpia urgente en las dependencias encargadas de proteger el medio ambiente.
En su primera Mañanera, el gobernador Armenta ha anunciado 3 mil millones de pesos en proyectos ambientales para 2025, y aquí es donde entra la oportunidad histórica: no basta con evaluar si los barcos funcionan, hay que enfocarse en soluciones estructurales y sostenibles.
Si se puede clausurar un relleno sanitario, como en San Andrés Cholula, para convertirlo en un Centro de Transformación de Desechos, ¿por qué no replicar esa visión con Valsequillo y la cuenca del Atoyac?
Pero ojo, no solo se trata de voluntad política y dinero.
Puebla ya tiene demasiados ejemplos de inversiones millonarias que flotaron en el presupuesto y se hundieron en la ineficacia.
Dellepere Enterprises, la empresa que vendió los Scavenger 2000, seguramente cumplió su parte del trato, pero ¿quién fue el visionario que creyó que tres barcos iban a sanar un cuerpo de agua de 22 mil hectáreas saturado de desechos industriales y domésticos?
La evaluación que ha instruido Armenta es necesaria, pero no debe quedarse en un diagnóstico. Es hora de construir un plan integral de saneamiento que incluya vigilancia estricta a las empresas contaminantes, plantas de tratamiento eficientes, revisión de permisos y una limpia real de aquellos funcionarios que le pusieron precio al agua de Puebla.
No necesitamos más barcos fantasmas, necesitamos una verdadera política ambiental.
En cuanto a los responsables del naufragio financiero de 2018, la historia debería dejarles un mensaje claro: el agua de Puebla no puede seguir siendo rehén de la simulación y el despilfarro.
El reto es inmenso, pero como decía Octavio Paz: “La duda es un homenaje a la esperanza”.
Deseo que esta vez, en el gobierno de Armenta, las aguas turbulentas de Valsequillo comiencen a aclararse.
Porque los mosquitos y los malos olores son el menor de los problemas cuando lo que está en juego es el futuro ambiental de Puebla.
