La realidad no se puede ocultar. El alcalde Eduardo Rivera Pérez tenía toda la intención de cobijar a Michel Chaín, ignorando abiertamente el clamor de grupos feministas. Ante los hechos, el gobernador Barbosa tuvo que exponer su postura.
En sábado y por la tarde —tratando de evitar el impacto mediático—, el Ayuntamiento de Puebla publicó un escueto comunicado en el que aseguró la renuncia del funcionario.
Lo cierto es que hasta el último minuto Michel Chaín estuvo protegido por los compromisos que el alcalde Rivera contrajo con la cúpula financiera del Partido Verde.
En el terreno de la política, ese partido ni siquiera se puede considerar “peso pluma”, pero en el ámbito empresarial tiene financieros y patrocinadores de primer nivel, que ven en la política un fecundo terreno de inversiones. Si meten un peso es para obtener mil o por lo menos cien.
En 2018, el Verde fue un apéndice de la candidatura de Martha Erika Alonso y la presencia de Chaín se dio en calidad de comparsa y patiño del morenovallismo.
Pero luego de la caída del Agusta, rápidamente los mecenas del PVEM en Puebla dieron un viraje hacia Morena
En 2021, esa burbuja se acercó a las aspiraciones de Gabriel Biestro Medinilla, pero ante la imposición de Claudia Rivera Vivanco decidieron dar vuelta a la derecha para apoyar a Eduardo Rivera Pérez.
Entre los pactos que entablaron estaba la inclusión de Michel Chaín en la nueva administración municipal.
Nunca hubo una relación de confianza entre Rivera y los financieros del Verde; de hecho, en 2018 representaban posturas encontradas: Eduardo nunca estuvo en el ánimo de la cofradía que se dice ecologista.
Nunca se trató de una alianza política, sino de compromisos de campaña; es decir, favor con favor se paga.
La presencia de Michel Chaín fue gracias a la munificencia que los patrocinadores verdes mostraron a la campaña del candidato yunquista, quien como alcalde tuvo toda la intención de sostenerlo hasta que la retórica de Casa Aguayo lo convirtió en insostenible.
Linchamientos, frente a la furia social la única opción son las armas no letales
Luego de los acontecimientos aciagos en Huauchinango mucho se ha dicho sobre protocolos para evitar linchamientos.
Los hechos muestran que es muy difícil implementar acciones de contención.
El 19 de octubre de 2015, en el municipio de Ajalpan ocurrió otro episodio oscuro. El alcalde era Gustavo Lara Torres, Jorge Benito Cruz Bermúdez ocupaba la Secretaría de Gobernación y Jesús Rodríguez Almeida era el titular de Seguridad Pública.
Desde el momento en que el mando policiaco de Ajalpan pidió refuerzos, hasta que le tomaron la llamada, pasaron 40 minutos. Repetimos 40 minutos hasta que respondieron el celular.
En ese lapso, el grupo social pasó de cincuenta personas a más de mil pobladores enardecidos. Ninguna corporación municipal hubiera podido contener la turba.
Las fuerzas estatales todavía tardaron una hora en arribar. Desde la primera llamada hasta que llegaron los granaderos con equipo antimotines transcurrió una hora con 40 minutos. Para ese momento los cuerpos de los hermanos Copado Molina ya estaban calcinados.
La furia, el desbordamiento social, no se puede detener con el discurso de los presidentes municipales o ediles auxiliares.
En esos breves minutos, inevitablemente, solo queda el camino de la contención a través de armas no letales, como pueden ser granadas lacrimógenas.
Esto no es algo nuevo o ajeno. En años y meses recientes el gobierno de la Ciudad de México utiliza granadas lacrimógenas para disolver las marchas feministas que llegan hasta las puertas de Palacio Nacional.
Las policías municipales de Puebla deben contar con ese tipo de recursos no letales, que solo son disuasivos y muy efectivos para contener a una muchedumbre.
Otra opción son las armas de aire comprimido, también llamadas airsoft, que de igual forma se pueden utilizar para disolver grupos pequeños.
Pero es un hecho real que en la entidad poblana las policías municipales deben contar con ese tipo de armas no letales.
De lo contrario, seguiremos viendo crímenes sociales disfrazados de actos de justicia.
En los Reyes de Juárez más allá del abuso de autoridad, el narcomenudeo es un foco rojo
En días recientes se difundió un video donde aparece Manuel Herrera Ponce, alcalde de Los Reyes de Juárez (municipio del Triángulo Rojo), amedrentando a sus regidores en plena sesión de Cabildo porque se negaron a aprobar los estados financieros.
El perfil de un edil prepotente, atrabiliario y amenazador se ve rebasado por los hechos delictivos que se conocen de aquel municipio.
En abril de 2021, en esa población se incautaron 10 kilogramos de fentanilo, la droga que está causando estragos en los Estados Unidos y que amenaza con repetir los mismos efectos en México.
Por supuesto, la corrupción y prepotencia del alcalde Herrera Ponce deben ser investigados, pero debe ser una prioridad rastrear la huella del fentanilo en esa zona.
Como siempre quedo a sus órdenes.
