Staff HL
La presidenta de la Comisión de la Familia y los Derechos de la Niñez, Mónica Rodríguez Della Vecchia, en el Congreso de Puebla, presentó el Informe Anual de Trabajo realizado por el órgano colegiado.
En dicho documento se destacó la dictaminación de iniciativas y puntos de acuerdo para promover y proteger los derechos de este sector de la población.
En este sentido, subrayó que una de las iniciativas más importantes de la Comisión fue la de las reformas a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de adopción, la cual da certeza jurídica y temporalidad a este proceso, además de hacer una armonización con la Ley General en la materia, que hace tangible el derecho de las niñas y los niños de vivir en la calidez de un núcleo familiar.
“Es una reforma que cambiará la vida de los niños en indefensión de la entidad, ya que tendrán una segunda oportunidad de vida al tener el acceso a una familia”, señaló la diputada.
La legisladora recordó el exhorto a los 217 ayuntamientos de la entidad para que los que aún no han instalado sus Sistemas Municipales de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, lo hagan a la brevedad posible, y los que ya lo hicieron elaboren y aprueben su programa municipal de protección.
De igual manera, se hizo el llamado a las alcaldías de la entidad para que implementen acciones y políticas públicas que fomenten la paternidad responsable.
Rodríguez Della Vecchia también subrayó la iniciativa para reformar diversas fracciones al artículo 8 de la Ley de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del Estado de Puebla, con la finalidad de implementar mecanismos de participación de padres y madres de familia, o de quien ejerza la tutela.
Asimismo, mencionó la iniciativa para reformar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para armonizarla con la Ley General en la materia e indicar que las autoridades estatales y municipales deberán establecer las disposiciones que orienten las políticas de prevención, protección, atención, sanción y erradicación de castigos corporales y humillantes.
