El artículo 4º de la Constitución Federal prohíbe el maltrato a los animales y establece la obligación del Estado mexicano de garantizar la protección, el trato adecuado, la conservación y el cuidado de los animales.
Por otra parte, la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 13 inciso B, reconoce a los animales como seres sintientes con derecho a recibir un trato digno. Este precepto legal, generó que un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en la Ciudad de México, desarrollara en una sentencia el concepto de familia multiespecie integrada por personas y animales domésticos.
Efectivamente, todos amamos a nuestros animalitos de compañía y los consideramos parte de la familia, procuramos su bienestar, salud e incluso su estética y para ello nos apoyamos del veterinario o veterinaria de confianza.
Pero, lamentablemente, el gremio veterinario no escapa de la ola de violencia que azota a nuestro País.
Héctor Hernández Cañas, un veterinario del Estado de México, recibió en su clínica a una perrita que había ingerido un hueso obstruyendo su esófago y le practicó una operación que inicialmente resultó exitosa, sin embargo, se complicó durante los cuidados posteriores y desgraciadamente murió.
Los tutores de la perrita culparon a Héctor de su muerte y, a partir de ese momento el médico animal, sufrió una serie de amenazas y extorciones.
La situación escaló a tal grado que el veterinario denunció las agresiones en sus redes sociales, días después como desenlace de esta fatal de esta historia, Héctor fue encontrado sin vida, presuntamente asesinado sin que aún se revele la cusa oficial de su muerte.
Esta situación llevó a que médicos veterinarios y estudiantes de esta área convocaran a la “Marcha Nacional por la Dignificación de la Medicina Veterinaria y Zootecnia”.
Tal movilización tuvo como objetivo exigir justicia por el caso de Héctor, así como la creación de una legislación que garantice el pleno ejercicio de la profesión veterinaria y, se llevó a cabo en diecisiete entidades de la República.
En Puebla, la marcha inicio en Palacio Municipal en donde representantes del gremio entregaron su peticiones a las autoridades municipales y posteriormente se trasladaron a Casa Aguayo, donde los manifestantes afirmaron que son víctimas constantes de acoso y maltrato por parte de tutores que, entre otras cosas, abandonan a sus animales en clínicas y consultorios.
En atención a lo anterior, la Secretaria de Gobernación de Puebla, anunció que realizara mesas de trabajo en coordinación con legislativo para atender las peticiones de las personas veterinarias en el Estado.
La solución a este y otros problemas de violencia definitivamente requiere de un arduo trabajo de las autoridades en todos los niveles de gobierno, quienes están obligados velar por la seguridad de los profesionales de la salud animal, mediante leyes, instituciones y mecanismos que garanticen el ejercicio de profesión, así como el esclarecimiento de los hechos delictivos cometidos en su contra.
Pero también, resulta imprescindible que como sociedad cambiemos esa necesidad imperante en la actualidad de satisfacción inmediata, la poca tolerancia a la frustración que hoy tenemos (principalmente los jóvenes), el pensar que todo es desechable; por una actitud de respeto, compasión y empatía que nos permita vivir en armonía.
Tener un animal de compañía conlleva muchas responsabilidades y su cuidado debe estar a cargo de los tutores, los veterinarios únicamente son auxiliares en caso de necesitar una intervención médica, por lo tanto, cualquier hecho de violencia en su contra es totalmente reprochable.
Como tutora de dos gatitas que me acompañan, solo puedo expresar mi gratitud a todas las personas veterinarias y mi solidaridad al reclamo de justicia.
