El gobierno de Alejandro Armenta mantendrá la regularización del transporte público en Puebla, pese a la amenaza de protestas de presuntos concesionarios.
La secretaria de Movilidad y Transporte, Silvia Tanús Osorio, enfatizó que no tiene compromisos con nadie y que aplicará la ley en la revista vehicular y el reemplacamiento de unidades.
Estas declaraciones surgen tras la convocatoria de una manifestación en el zócalo de la capital poblana, en rechazo a la regulación de unidades que, en muchos casos, no se han modernizado en 12 años.
Tanús Osorio minimizó la protesta, al señalar que uno de los organizadores ni siquiera es concesionario y aseguró que el gobierno estatal sólo atenderá a quienes cuenten con los permisos correspondientes o sean operadores registrados.
Reiteró que la regularización benefició a transportistas y usuarios, y afirmó que la revista vehicular es una obligación legal, no un capricho. Reconoció que la medida podría generar más protestas, pero subrayó que se hará cumplir la normatividad vigente.
“Yo no tengo ni compromisos, ni favoritos, la instrucción del señor gobernador ha sido muy clara, todo bajo la ley y de mi parte van a encontrar apertura total y desde luego a los permisionarios que quieran trabajar de manera adecuada y a los que trabajan sin los permisos les daremos oportunidades”, afirmó la funcionaria.
Como parte de la estrategia, Tanús Osorio anunció una gira al interior del estado para explicar personalmente el proceso de reemplacamiento, aclarar dudas y exponer los beneficios de modernizar las unidades.
“Yo voy a empezar con giras al interior del estado, para de propia voz explicarles los beneficios como va a ser la revista y todo lo que ellos tengan dudas, que creo que más que nada es lo que ellos requieren”, declaró en entrevista.
Asimismo, invitó a diputados y asociaciones civiles a supervisar las revistas vehiculares a partir del 15 de abril, con el fin de garantizar transparencia y evitar irregularidades.
El 11 de febrero, el gobernador Alejandro Armenta anunció un programa de regularización y modernización del transporte público, después de 12 años de retraso en el proceso.
Como parte del plan, los concesionarios que cumplan con los requisitos recibirán 20 por ciento de enganche para nuevas unidades, con respaldo del gobierno estatal para garantizar los pagos.
El gobierno de Puebla también gestionó una línea de crédito con Nacional Financiera (Nafin) por 250 millones de pesos, destinada a la renovación del parque vehicular.
