El gobernador Alejandro Armenta Mier no se equivocó en afirmar, durante la presentación de uno de los programas estrella de su administración: la Guardia y la Policía forestales, que con la creación de ambas instituciones su gobierno pasó “de los discursos a los hechos, de las buenas intenciones a las acciones contundentes en materia de protección al medio ambiente”.
Ambas corporaciones, además de arrancar con una serie de elementos que las hace únicas en México y América Latina, llenan un tremendo vacío que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) o la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) no han podido llenar debido a sus limitados recursos, falta de personal y leyes que no les dotan de los dientes necesarios para actuar contundentemente contra los ecocidas.
Con la Guardia y Policía forestales, el gobierno del estado se convierte en un garante, en la vía de los hechos, de acciones que involucren no solo el cuidado y preservación de la biodiversidad, sino también el combate a la tala ilegal y caza furtiva, pasando por un sofisticado sistema de atención y prevención de incendios.
Permítame comenzar con la Policía Forestal, la cual será una división especial de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, con un director, seis unidades que operarán en las cinco zonas en que se dividió a la entidad y formará parte del Sistema Nacional de Protección Civil.
Su principal misión, según los lineamientos del programa, será “preservar la biodiversidad, prevenir la deforestación ilegal, controlar la caza y pesca furtiva, garantizar que se respeten las normativas ambientales y apoyar a la población civil en caso de desastre”.
Es ahí donde la Policía Forestal resulta crucial. De acuerdo con la Profepa, en 2009 se estimaba que 30 por ciento de la madera que se comercializaba en el país provenía de la tala ilegal, pero para el periodo 2013-2018 la cifra incrementó a 70 por ciento.
La situación es tan grave que organizaciones de defensa del medio ambiente y especialistas sostienen que por cada metro cúbico de madera vendido en el mercado y que se extrae legalmente, hay otro metro cúbico comercializado pero que fue obtenido de manera ilegal.
Lo que es peor: la Comisión Nacional Forestal (Conafor) advierte que, en realidad, “no existe una cifra certera sobre la dimensión del problema de la tala clandestina en las áreas forestales del país”, aunque sí hay un mercado de alta demanda en el que lo mismo participa el crimen organizado como empresarios que rebasan los límites permitidos o pobladores que la necesitan para su autoconsumo.
Todo esto ha generado una bola de nieve que impacta directamente en una competencia desigual, ya que esta práctica ofrece recursos no renovables más baratos porque no se pagan impuestos ni se incluyen “costos de manejo forestal, deprimiendo los precios y desplazando con precios bajos a los productores legales”.
En el informe Estado que guarda el sector forestal en México, elaborado por la Conafor en 2022, alerta: “Se ha asociado a la existencia de corrupción, insuficiente inspección y vigilancia, presencia del crimen organizado y la impunidad, lo que facilita la extracción clandestina y el ‘lavado’ de materias primas forestales, principalmente madera, para uso comercial”.
¿Y Puebla cómo participa en la producción forestal nacional? Es, por ejemplo, la sexta entidad en el país con la mayor inversión pública, lo que permitió el desarrollo de 14 mil 442 hectáreas de plantaciones forestales comerciales maderables.
A la par, es el tercer productor nacional de arboles de navidad, con una superficie de 501 hectáreas.
En términos de derrama económica, la producción maderable local asciende a 336 mil 434 metros cúbicos, cuyo un valor es 339.1 millones de pesos. Respecto a la industria no maderable pero ligada al aprovechamiento forestal, como el caso de resinas, los productores locales obtienen ganancias por 126.1 millones.
Puebla, en el mapa nacional, tiene identificadas 34 cadenas de valor, es decir, una especie de clústeres de aprovechamiento de forestal, repartidos en 31 municipios, lo que lo hace una entidad altamente competitiva.
Sin embargo, el principal problema radica justamente en la actividad delictiva. Tomando en cuenta lo que advierten instituciones y organizaciones, el mercado ilegal de madera en Puebla ascendería a 237.3 millones de pesos, es decir, 70 por ciento de lo que se estima que circula de madera por vías ilegales.
Eso sin contar el grave daño que generan a los bosques y medio ambiente en general.
Tanto la Conafor como la Profepa y la Semarnat advierten que, si bien el problema de la tala ilegal abarca a las 32 entidades, Puebla se encuentra entre las zonas con las condiciones más críticas, con un impacto doblemente negativo. Por un lado, las dependencias tienen focalizada de dicha actividad en la Sierra Norte, pero del lado de Hidalgo, las bandas criminales están depredando el área natural protegida de Necaxa.
Ahora vamos con la Guardia Forestal, cuya aparición resulta vital ante los datos duros sobre el comportamiento de los incendios y su afectación a la población.
Puebla, según datos de la Conafor, tiene 620 mil 601 hectáreas de bosques; 622 mil 179 hectáreas de selvas; 32 mil 074 hectáreas de aprovechamientos forestales y otras 280 mil 643 hectáreas de matorrales, en su mayoría en zonas áridas.
Los estudios de los especialistas dan cuenta que entre 1970 y 2022 se reportaron, en promedio, 7 mil 070 incendios anuales en todo el país, que afectaron —también en promedio— 279 mil 725 hectáreas de bosques.
Sin embargo, el dato más aterrador es que 98 por ciento de esas conflagraciones fueron producto de “actividades antropogénicas”, es decir, que causadas por humanos.
La Conafor estima que de ese 98 por ciento, las actividades ilícitas como tala ilegal, cambio de uso de suelo ilegales, rencillas comunitarias, vandalismo y piromanía intencional o accidental, representan 30.3 por ciento.
La peligrosidad de las conflagraciones para el estado de Puebla radica no solo en sus efectos devastadores para el medio ambiente sino también por el riesgo a la población. La entidad ocupa el quinto lugar nacional con el mayor número de personas dentro de áreas forestales: unas 691 mil 373, repartidas en 2 mil 178 localidades.
Incluso, se tienen registrados 526 núcleos agrarios que detentan 604 mil 363 hectáreas forestales.
Tan solo en lo que va de 2025 y sin que todavía comience la temporada de estiaje, el gobierno del estado ha atendido 69 incendios de pastizales, 11 forestales, 3 a comercio, 36 urbanos y 23 en casas habitación.
Así pues, el combate y prevención de incendios están íntimamente ligados a la protección de la población.
Lo interesante de la Guardia Forestal que creó Alejandro Armenta es que da un paso más allá y para tener una mayor eficacia, incorpora el uso de inteligencia para la prevención y reporte inmediato. El estándar de actuación es atender, como máximo en una hora, una conflagración, desde el llamado de alerta hasta acudir a la zona.
Esto irá acompañado de una infraestructura y equipamiento de vanguardia, que los mismo dota al personal de equipos de protección de última tecnología, con alta resistencia al fuego y utilizados en países como Estados Unidos, Canadá, España o Australia; o “vehículos multipropósito, diseñados estratégica y específicamente para brindar mayor eficiencia en el combate de incendios forestales y las distintas tareas que ejecutará la policía forestal”.
Y para dar un valor agregado a la ya de por sí innovadora corporación, Puebla será pionera en América latina en el uso de un bloqueador de fuego 100 por ciento orgánico y biodegradable, 30 veces más eficiente que el agua y otros productos de extinción de fuego.
Con todos estos datos y contexto, ¿ahora entiende la importancia de dos corporaciones de esta naturaleza y la visión de Alejandro Armenta?
