En días pasados, el PRI y PAN confirmaron su alianza para el municipio de Venustiano Carranza.
En el marco del proceso electoral extraordinario en Venustiano Carranza, el PRI salió a la defensa de Marco Valencia Ávila, a quien considera su principal candidato para el municipio, a pesar de las denuncias que se han presentado en su contra.
La diputada local Delfina Pozos Vergara, una de las voces más visibles en la defensa de Valencia, destacó su calidad como “gran candidato” y desestimó las acusaciones en su contra, señalando que no existe evidencia que ponga en duda su capacidad para competir en los comicios.
Pozos Vergara fue tajante al afirmar que las denuncias carecen de fundamento y calificó los señalamientos como difamaciones sin pruebas.
“No hay ninguna denuncia, no hay nada que pruebe que él sea una persona que no pueda competir”, subrayó.
En días pasados, el PRI y PAN confirmaron su alianza para el municipio de Venustiano Carranza, toda vez que es su única carta fuerte para competir en las próximas elecciones. En los otros municipios -Xiutetelco, Chignahuapan y Ayotoxco de Guerrero- aún no está definido el candidato.
A pesar de este apoyo, el ambiente político en torno a la familia Valencia está marcado por la controversia. La Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene abiertas investigaciones contra Marco Valencia Ávila por diversos delitos, aunque los detalles de los cargos aún no han sido revelados públicamente. Esta situación no es nueva, ya que la familia Valencia ha sido blanco de acusaciones graves desde años atrás.
En 2020, el entonces gobernador Miguel Barbosa Huerta acusó a la familia Valencia de estar involucrada en actividades criminales. De acuerdo con Barbosa, los Valencia habrían establecido vínculos con figuras políticas de distintas administraciones, incluyendo a los exgobernadores panistas Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad, así como al priísta Mario Marín Torres. Estos lazos habrían permitido a la familia tomar control sobre diversas áreas del municipio, incluyendo ministerios públicos, policías y hospitales públicos.
Esta situación derivó en dos órdenes de cateo realizadas entre 2018 y 2020, lo que alimentó aún más las sospechas sobre el poder y la influencia de la familia en la región.
En este tenor, la fecha de la jornada electoral está programada para el 23 de marzo de 2025.
Las etapas clave del proceso incluyen el periodo de intercampañas, que se desarrollará del 13 de febrero al 4 de marzo, y las campañas electorales, que tendrán lugar del 5 al 19 de marzo. Se espera que los partidos y las alianzas definan sus candidatos antes del 4 de marzo, fecha en la que se validarán las candidaturas.
