Lo que inició como una administración llena de promesas de progreso para Izúcar de Matamoros, encabezada por Irene Olea Torres, terminó convirtiéndose en una gestión sumida en los escándalos: agresiones y violaciones a los derechos humanos e incluso un proceso penal por los delitos de tortura, abuso de autoridad y ocultamiento de información oficial en el caso de agresión que sufrieron dos periodistas y activistas de la Marea Púrpura a manos de 11 funcionarios, entre ellos la exalcaldesa.
Las denuncias también se extendieron a las sospechas de irregularidades financieras, lo que llevó a integrantes del Cabildo a presentar sendas denuncias penales por presuntos daños a la hacienda pública, el sobrecosto en contratos de infraestructura y obras fantasma.
Desde los primeros meses de la gestión de Irene Olea, en 2022, las señales de opacidad comenzaron a hacerse evidentes. En mayo de ese año, cinco regidores del mismo partido denunciaron públicamente a la alcaldesa por no aclarar las cuentas públicas del 2021 ni el estado financiero de marzo del 2022.
Las críticas se centraron en la instalación de las luces navideñas de diciembre, un proyecto que costó 2 millones de pesos y que, según los regidores, carecía de contratos, licitaciones y transparencia sobre las empresas involucradas.
El descontento no tardó en escalar. En marzo del mismo año, la alcaldesa fue acusada de orquestar la detención arbitraria y el abuso sexual contra periodistas y activistas, perpetrado por elementos de seguridad pública municipal.
Las víctimas decidieron interponer una denuncia directamente contra Olea Torres, señalándola como responsable, ya que los uniformados afirmaron actuar bajo su indicación, hechos que también derivaron en una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.
El caso tomó tal dimensión que la Fiscalía General de la República logró la apertura de un proceso penal en contra de 11 funcionarios presuntamente implicados, siendo la principal línea de investigación que Irene Olea habría sido la autoría intelectual de la tortura cometida contra dos reporteras y activistas de la Marea Púrpura.
La situación escaló cuando en 2023, la testigo protegida de la Fiscalía General de la República (FGR), María del Socorro Barrera, fue asesinada mediante impactos de bala a unos pasos de su negocio, un hecho que colocó en un brete a Irene Olea, toda vez que se trataba de una persona clave en las investigaciones por los abusos cometidos contra las activistas.
LA ASE DETECTÓ IRREGULARIDADES POR 17.6 MILLONES DE PESOS
En el ámbito financiero, entre las acusaciones más graves destacan las observaciones realizadas por la Auditoría Superior del Estado (ASE), que detectó irregularidades por al menos 17.6 millones de pesos en su primer año completo de gestión. Los señalamientos incluyeron gastos injustificados en eventos sociales, reparaciones de vehículos y adquisiciones sin documentación que respaldara dichas transacciones.
Los problemas de gobernabilidad se intensificaron hacia el final de su administración. La seguridad pública, ya en crisis, alcanzó niveles alarmantes cuando Olea decidió no pagar sueldos ni aguinaldos a los policías municipales. La falta de recursos incluso dejó a los patrulleros sin gasolina y expuso a los habitantes de Izúcar a un escenario de vulnerabilidad total.
La situación llegó a un punto crítico en octubre de 2024, cuando se dio a conocer que la exalcaldesa, junto con el otrora síndico municipal Omar Flores Vázquez y el director de Obras Públicas, Donato Gutiérrez Ocampo, enfrentaban una denuncia penal por abuso de autoridad y despojo de propiedad privada, al hacerse de una parte de terreno en la colonia barrio de La Asunción, quedándose con un espacio de 6 metros con 90 centímetros de ancho por 17 metros de largo, que pertenecía a un ciudadano.
Con estas y más acusaciones a cuestas, trasciende que Irene Olea, desde el mes de diciembre, está en búsqueda de un cargo federal, a fin de obtener impunidad por el delito de tortura que pesa en su contra, en detrimento de las periodistas Natalie y Michelle Hoyos López.
La exedil enfrentó en tres años otros severos cuestionamientos por diversas irregularidades como el incremento arbitrario de su salario, el de los funcionarios de primer nivel del Ayuntamiento y los regidores, sin que este tema fuera discutido ni aprobado por el Cabildo, como marca la ley.
Otros yerros que empañaron su administración fueron su distanciamiento con principios del movimiento obradorista que la llevó al poder, al haber optado por aliarse con grupos tradicionales del PRI.
Uno de los episodios más álgidos ocurrió meses antes de que concluyera su cargo, cuando en una sesión de Cabildo, el cuerpo edilicio optó por no aprobar los estados financieros correspondientes al periodo mayo-agosto de 2024, con una rotunda oposición de 10 votos en contra, dos a favor y una abstención.
En esa misma sesión, el exregidor de Gobernación, Luis Adán Marín Negrete, aprovechó para cuestionar a la alcaldesa por la falta de atención a los problemas urgentes de la infraestructura municipal. Los tramos dañados de la calle Revolución, el proyecto de agua potable en Puctla y la peligrosa situación del tanque elevado en Matzaco fueron solo algunas de las críticas que quedaron sin respuesta.
En un gesto de incomodidad evidente, la alcaldesa pidió un receso de cinco minutos, pero al regresar, algunos regidores ya no regresaron al pleno, dejando en evidencia su descontento con la actitud de la edil. Y como si esto fuera poco,
Irene Olea decidió concluir su gobierno a puerta cerrada, pues su tercer informe de gobierno se llevó a cabo sin la presencia de los medios y de la ciudadanía, lo que dejó en claro su intención de culminar su gestión bajo un manto de silencio, donde tampoco se permitió a los regidores emitir pronunciamiento sobre el acto y en consecuencia, estos abandonaran el salón de Cabildo.
