El gobierno municipal de Irene Olea Torres fue una apuesta perdida desde un principio, a pesar de las grandes expectativas que generó entre los pobladores de Izúcar de Matamoros y la nueva clase política de Morena.
No tardó mucho para que se supieran las irregularidades financieras y nepotismo en la Comuna, así como de la vasta red que la alcaldesa tejió en la región con el apoyo de familiares y amigos, a fin de crear un auténtico feudo integrado por el Ayuntamiento, la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros y la Coordinación de Desarrollo Educativo de la SEP estatal.
Los excesos de Irene Olea la llevaron a creerse intocable e incluso atentar contra las periodistas Natalie y Michelle y un par de feministas del colectivo Marea Púrpura, durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, a quienes agredieron sexualmente, amenazaron y detuvieron ilegalmente.
El hecho derivó en la vinculación a proceso de más de una decena de funcionarios del Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros: Cinco policías municipales y un juez calificador por los delitos de tortura y abuso de autoridad, así como otros 11 servidores públicos por falsedad de declaración.
Dicho caso no es menor, ya que la defensa corre a cargo de la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) que ha logrado presentar 113 pruebas para demostrar la tortura y abuso.
Pero, la fiscalía tiene como uno de sus objetivos prioritarios demostrar que la presunta autora intelectual de la agresión fue la presidenta municipal.
A este escándalo que puso contra la picota a Irene Olea le sobrevinieron denuncias por presuntos casos de corrupción, presentadas por integrantes del Cabildo izucarense; las sospechas de obras asignadas con sobrecosto y edificaciones fantasma, es decir, que fueron pagadas, pero no existen.
Pese a tener todo este negro historial a cuestas, Olea Torres decidió ir por la reelección y, como era de esperarse, fue barrida en las urnas.
Herida en lo profundo de su amor político y humillada electoralmente, la exalcaldesa tampoco tuvo mucho tiempo en cuadrar todos los expedientes administrativos y en el proceso de entrega-recepción salieron a relucir las irregularidades.
Por lo mientras, Irene Olea enfrenta un pliego de observaciones por 17.6 millones de pesos de la Auditoría Superior del Estado.
Pero la preocupación y la pérdida del poder son tragos amargos de digerir y la exalcaldesa, junto con su esposo Antonio Guevara Palafox, y sus esbirros en la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros, Javier Santiago Reyes y Rubero Suárez Salgado, exrector y exsecretario de Administración y Finanzas, respectivamente, comenzaron una guerra soterrada contra la administración del gobernador Alejandro Armenta Mier a raíz de los cambios impulsados en dicha casa de estudios.
El problema es que iniciaron no solo una guerra perdida, sino que los cuatro están bajo la mirada de las autoridades ante la larga lista de irregularidades cometidas a su paso por la administración pública.
LOS IMPLICADOS
- JAVIER SANTIAGO REYES
Gracias al padrinazgo de Irene Olea fue ungido como rector de la UTIM, en marzo de 2023, pero solo duro un poco más de un año en el cargo, el cual tuvo que dejar en medio de denuncias de corrupción, acoso sexual, despidos injustificados y la contratación de amigos que no cumplían con el perfil.
Es investigado por un daño patrimonial de 5 millones de pesos por denuncias laborales interpuestas por 26 trabajadores cesados, pese a que tenían más de 15 años de antigüedad.
En febrero de 2024, el periódico e-consulta, a través de su reportero Ernesto Álvarez, dio a conocer una protesta surgida entre personal docente y alumnos debido a la suspensión de los servicios de cafetería y papelería en la institución debido a que los concesionarios se negaron a pagarle tres meses por adelantado. Las cifras iban de los 24 mil a los 36 mil pesos.
Sobre los casos de acoso sexual, existen dos indicios. El 10 de septiembre de 2024, el periódico regional Enlace Noticias difundió una columna titulada Javier Santiago, ex rector y secretario, fue denunciado por acoso sexual, en la que relataba lo siguiente:
“El problema no se limitó a la gestión administrativa deficiente. Javier Santiago Reyes también ha sido el centro de graves acusaciones de acoso sexual… Denuncias anónimas refieren que, en sus diferentes roles como funcionario público, se aprovechó de su posición para cometer presuntos actos de acoso sexual y corrupción”.
Información obtenida por este reportero también da cuenta que el servidor público, a su paso por la Secretaría del Bienestar municipal, en la gestión de Irene Olea, habría utilizado instalaciones del DIF municipal para supuestamente sostener relaciones sexuales con sus subordinadas, lo que fue denunciado penalmente. Esta información pronto saldría a la luz.
- RUBERO SUÁREZ SALGADO
De acuerdo con fuentes dignas de crédito, el exsecretario de Administración y Finanzas de la UTIM era el auténtico operador político y financiero de Irene Olea en la institución, al grado de que, tras la defenestración de Javier Santiago, decidió poner como fachada a Agustín Vargas Vidals en la rectoría y con eso garantizar el pleno control de la casa de estudios.
Rubero llegó a la institución en mayo de 2024, pero a su paso dejó una estela de presuntos casos de corrupción que van desde el presunto uso de empresas factureras para triangular el desvío de recursos de la universidad hasta la presencia de aviadores y avalar los 26 despidos injustificados.
La caída de Suárez Salgado ocurrió el pasado 16 de enero, lo que permitió a las autoridades iniciar una amplia investigación de estos casos.
Sin embargo, el exfuncionario también se encuentra en la mira por la construcción de un domo acústico, inaugurado el pasado 20 de enero, que tuvo un costo de 6 millones de pesos, pero las primeras auditorías practicadas arrojaron que los trabajos no superarían los 2 millones de pesos.
A la par de su actividad en la UTIM, Rubero Suárez también fue candidato a regidor en la planilla con la que Irene Olea pretendía reelegirse.
- ANTONIO GUEVARA PALAFOX
Esposo de Irene Olea y uno de los principales responsables de incitar la ruptura con el equipo político de Melitón Lozano, exedil de ese municipio y exsecretario de Educación Pública, quien lo llevó —antes de la traición— a la institución como su jefe de oficina.
En mayo de 2021, Palafox se vio envuelto en un escándalo por la presunta venta y asignación de plazas a sus amigos. La denuncia corrió a cargo de Jorge Rodríguez García, representante de Redes Sociales Progresistas Magisteriales, quien presentó documentos en los que demostraba que nueve plazas de diferentes niveles fueron entregadas sin que lo beneficiarios presentaron su examen de oposición, lo que dejaba al descubierto la “entrega ilegal”.
Dicho escándalo provocó el rompimiento con Melitón Lozano, quien decidió rescindirlo, aunque mantuvo su promesa de apoyar a Irene Olea para que se convirtiera en la candidata de Morena a la alcaldía de Izúcar.
En julio de 2023, Palafox regresó de nueva cuenta a la SEP, pero ahora como titular de la Coordinación de Desarrollo Educativo, cargo que le asignó la entonces secretaria Isabel Merlo Talavera.
Actualmente es investigado por la SEP debido a que se habría asignado una plaza como titular “C”, la más alta en su categoría, sin que cumpliera con el perfil.
