“Hay que actuar apegados a la ley”, fueron las palabras del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, ante el caso de Marian Martínez, una joven que a su corta edad de 22 años, fue denunciada sin pruebas por los delitos de extorsión y narcomenudeo por el secretario de Seguridad Pública de Atlixco, Antonio Hernández Pacheco, quien evitó apelar la absolución de la denunciada en diciembre pasado.

A pregunta expresa sobre si recomendaría un cambio de mando en el Ayuntamiento de Atlixco a cargo de Ariadna Ayala, aunque el mandatario reconoció que la Constitución otorga esas facultades al gobierno municipal, consideró que el Ayuntamiento “debe ser contundente”, en la atención de los delitos que denuncian.

Lo anterior, luego de que el funcionario evitó dar seguimiento a la denuncia interpuesta contra Marian Martínez, quien supuestamente cometió amenazas en su contra, pero durante un proceso legal que se extendió por casi dos años, evitó aportar las pruebas necesarias para proceder en el caso.

 “Yo no puedo obligar a ningún Ayuntamiento a que cambien un mando, pero lo que sí le digo a las autoridades municipales es que deben actuar como estricto apego a la ley y debe de haber contundencia en el combate a la delincuencia y en la protección de la población, para eso todo el apoyo del estado”, expresó en relación al secretario de Seguridad municipal.

El llamado del gobernador se dio luego de que la absolución de Samantha Marian Martínez Ruiz, después de casi dos años en prisión acusada de extorsión y narcomenudeo, puso en evidencia irregularidades en el proceso judicial encabezado por el secretario de Seguridad Pública de Atlixco, Antonio Hernández Pacheco. 

La jueza Adriana de Lourdes Martínez Jiménez dictó sentencia exculpatoria el 20 de diciembre de 2024 debido a la falta de pruebas contundentes contra la joven, pues el funcionario evitó su participación directa en las audiencias y dejó expirar el plazo para apelar la resolución.

 El caso destacó por las inconsistencias en las acusaciones de Hernández Pacheco, quien presentó versiones contradictorias sobre las supuestas amenazas de Marian y su chofer, César Fernández. La acusación inicial alegaba un intento de extorsión en enero de 2022, pero los testimonios del secretario y de los policías involucrados fueron incoherentes, carentes de pruebas y, en algunos casos, absurdos, como afirmar que los acusados declararon pertenecer al “Cártel de Sinaloa”.

 Durante el juicio, la conducta de Hernández Pacheco reforzó la percepción de negligencia pues evadió tres citatorios judiciales con justificaciones cuestionables, como un diagnóstico médico que no impidió su asistencia a eventos públicos. En un caso, se registró bajo un nombre falso para evitar quedar documentado en la audiencia.

Con su libertad recuperada, Marian Martínez planea emprender acciones legales contra quienes orquestaron su encarcelamiento injusto, empezando por Hernández Pacheco.